El 18 de febrero, la Superintendencia de Compañías de Ecuador declaró la intervención de Granasa, la empresa que edita los periódicos Expreso y Extra. Las razones: «supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas».
Para ello, la Superintendencia decidió designar a Elizabeth del Pilar Jiménez como interventora. Jiménez deberá presentar informes mensuales sobre las actividades cumplidas.
Tras hacerse pública la intervención, diario Expreso explicó que ella llega después de que Granasa se niegue a entregar información, entre esta: «el detalle de asesores legales mantenidos por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022, 2023, 2024 y 2025, el que debe incluir una matriz de los casos atendidos por ellos, indicando cuales se encuentran cerrados o vigentes a la fecha actual».
Para Granasa, el pedido es «desconocer el derecho de la reserva entre cliente y abogado».
Ante la negativa de la empresa, la Superintendencia de Compañías decidió intervenirla.
Fundamedios rechaza intervención
La organización Fundamedios, que promueve la libertad de expresión, rechazó la intervención que hace la Superintendencia, y la calificó como una medida que «se inscribe en un patrón de decisiones y directrices estatales que restringen y presionan a la prensa desde distintas instituciones públicas». (I)
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