Una hora antes de que inicie el juicio político en su contra, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), hizo pública su renuncia al cargo, con lo que buscó evadir su destitución, aunque no se libraría de la censura.
En su carta de renuncia, Godoy señaló que, pese al «afán que tenía de servirle al país«, los intereses y cálculos políticos lo obligaron a dejar el cargo, pues se había debilitado la posibilidad de ejecutar las reformas estructurales que pretendía realizar.
“La coyuntura política actual, evidencia que los intereses y cálculos partidistas, han adquirido una fuerza que supera la voluntad de servicio y los grandes esfuerzos institucionales realizados”, afirmó Godoy.
El presidente del CJ no mencionó la manifiesta negligencia de la que se le acusó en el informe de la Comisión de Fiscalización, que el 18 de febrero del 2026 se analizó en el Pleno de la Asamblea Nacional; en el que se lo señaló por presionar al juez Carlos Serrano para que falle a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.
Quería evitar la destitución
Para el experto en Derecho Legislativo, Mauricio Alarcón, con su renuncia Mario Godoy le dejó al juicio político sin una de “sus patas”, que era la destitución, sin embargo, la censura también implica una sanción importante.
“Respecto de exfuncionarios, solo cabe la censura, no la destitución, que es solo para autoridades en funciones; esto aplica que no podrá ejercer cargo público por los próximos dos años”, afirmó Alarcón.
Según el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando la Asamblea Nacional considera que un funcionario es el responsable político de una irregularidad, esto tiene dos efectos jurídicos: la destitución y/o la censura.
Para el constitucionalista Gonzalo Muñoz, en este caso solo se aplica la censura, pues Mario Godoy presentó la renuncia antes del juicio político, lo cual lo libró, incluso, de la obligación de comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
“No se puede destituir a quien ya no ostenta un cargo, pero, la censura no tiene menor peso, porque la Asamblea lo que debía determinar es una responsabilidad política y eso está haciendo en estos momentos, aunque en ADN se demoraron en tomar la decisión”, puntualizó el experto.
Preocupación por la presentación de la renuncia
Aunque la renuncia de Mario Godoy se hizo pública, dentro de la Asamblea Nacional existía una preocupación: ¿se debía aplicar solo la censura o también la destitución?
La duda, según explicó Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), se produjo porque, aunque Godoy renunció ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), este organismo no le aceptó la dimisión, por lo tanto, seguía siendo funcionario público y entonces cabía la destitución y censura.
“La Asamblea no tiene que conocer nada, el que tiene que aceptar la renuncia es el Cpccs y enviar a la Asamblea la notificación de que ha sido conocida y aceptada, el papel con la renuncia no tiene valor jurídico mientras el Cpccs no se pronuncie, sin pronunciamiento sigue siendo funcionario público, por lo tanto, procede la destitución”, afirmó el legislador.
Con esta posición coincidió el bloque de la Revolución Ciudadana; por esta razón, una de las ponentes del juicio político, Viviana Veloz, remitió su moción, para ser votada en el Pleno, puntualizando que se declare la censura y destitución de Mario Godoy; esta propuesta no fue la que se votó.
Para el experto Mauricio Alarcón, la duda y aclaración sobre este tema era importante, pues, si Godoy seguía siendo funcionario y no se aprobaba su destitución, este vacío legal podría dar lugar a que se beneficie, de alguna forma.
“Me preocupa que esto sea usado para alguna leguleyada de la bancada oficialista, para dejar el tema en la impunidad, dejar en el aire la inhabilitación; hay que tener los ojos bien abiertos”, puntualizó el experto.
Para ADN renuncia de Godoy estaba clara
Mientras la oposición se mostraba preocupada por los vacíos existentes en la renuncia de Mario Godoy, para la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) no existía duda, el presidente de la Judicatura dimitió al cargo y en este caso solo cabía la censura, no la destitución.
“La renuncia está de carácter irrevocable, no hay posición que pueda depender de la aceptación, ya está dada la renuncia. Lo que cambia es que ya no es censura y destitución, es censura únicamente, porque la destitución no tendría acceso, puesto que ya renunció”, afirmó Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, donde se tramitó el juicio político a Godoy.
Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, se pronunció en la misma línea que Álvarez; para él, la renuncia de Godoy, que fue enviada directamente al Legislativo, estaba oficializada y no se requería de ninguna autorización del Cpccs.
Sin embargo, finalmente el oficialismo terminó aceptando que era necesario destituir, además de censurar a Godoy, por lo que la moción que Ana Belén Tapia (ADN) presentó y que recibió 148 votos favorables, incluyó las dos sanciones para el expresidente de la Judicatura.











