En un segundo intento, el Pleno de la Asamblea Nacional logró aprobar la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, la cual se analizó el 24 de marzo del 2026, pero, supuestamente por falta de votos, su votación fue aplazada y el texto volvió a la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial.

Este 30 de marzo del 2026 el oficialismo (ADN) y sus aliados alcanzaron los 80 votos a favor, de los 77 que eran necesarios para la aprobación de la reforma que buscaba modificar la planificación territorial.

La normativa recibió el rechazo de varias autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien secalcó que se amplían las atribuciones de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, a la cual se le permitiría incluso destituir a los alcaldes e imponer multas de hasta el 3% del presupuesto municipal.

“La reforma que quieren aprobar no es una mejora técnica. Por el contrario, parece estar pensada para viabilizar proyectos inmobiliarios puntuales y, en el futuro, puede ser utilizada para beneficiar intereses particulares por sobre el derecho a la ciudad y su planificación”, recalcó Muñoz.

La ponente de la reforma a la Ley de Uso de Suelo, la asambleísta Lucía Pozo (ADN), calificó como “falsa” la idea de que esta normativa incluye “la destitución de los alcaldes por parte de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo”, lo cual recibió críticas.

Sin embargo, en el artículo 108, que establece las infracciones muy graves, se incluye en el numeral 8 la sanción con “destitución” para las autoridades que aprueben el aprovechamiento o incremento del aprovechamiento del suelo en zonas de riesgo no mitigable.