10 miembros de la veeduría ciudadana que vigila la transparencia del concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado dieron un paso al costado, lo hicieron debido a que sus observaciones han sido ignoradas, se les ha negado el acceso a la información y se designó a un grupo paralelo que maneja agenda propia y que está a favor de la Comisión de Selección.

Entre quienes presentaron su renuncia están Hugo Arteaga, coordinador nacional de la veeduría al concurso de fiscal; y Rocío Espinosa, subcoordinadora del grupo; los dos coincidieron en que ni la Comisión de Selección, ni el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) les entrega información sobre el proceso, lo cual, hace prácticamente imposible que realicen su trabajo.

“Ni el Equipo Técnico, ni los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, como tampoco los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han dado las facilidades para ejercer la vigilancia”, recalcó Espinosa

Informe se publicó sin notificarles

El 27 de marzo del 2026 el Cpccs hizo pública la lista de los postulantes a dirigir la Fiscalía General del Estado que pasaron la etapa de admisibilidad, es decir, de revisión de requisitos y prohibiciones; hoy se conoce que los veedores se enteraron de esta lista se la hizo pública; no se les notificó previamente.

Según recalcó el excoordinador de la veeduría, para ellos fue una sorpresa el anuncio de que solo 27 candidatos pasaron la primera fase y que 48 no habían completado los requisitos; información a la cual no tuvieron acceso.

Une veeduría ignorada

Como una presencia meramente “decorativa”, calificaron los veedores a su trabajo en el concurso de fiscal, pues no se les tomó en cuenta ninguna de sus observaciones.

Según informó Rocío Espinosa, le entregaron al Cpccs más de 30 oficios y un informe de 157 fojas con observaciones, recomendaciones e irregularidades presentadas durante el proceso; pero, “no ha contestado, ni ha dado el trámite pertinente” a ninguno.

Grupo de veedores paralelos

Para los exveedores del concurso de fiscal general resultó inadmisible que, tras detectar que ellos eran un grupo crítico a las actividades de la Comisión de Selección, el Cpccs convocó a nuevos veedores, los cuales les avalan su trabajo.

“Este segundo grupo de veedores actúa con agenda propia, al negarse a entregar sus informes individuales para tabular y obtener un resultado que podamos contrastar con el obtenido por la Comisión Ciudadana de Selección”, recalcó Espinosa.

Por su parte, el excoordinador de la veeduría señaló que a este nuevo grupo de veedores sí accede a las sesiones de la Comisión y a la información del concurso; como respuesta a esto, emitieron un informe         en el que avalaron el trabajo del Cpccs.

“Ante esta imposibilidad de continuar ejerciendo la facultad que la ley me otorga, como es la fiscalización de las actuaciones administrativas del equipo técnico, la comisión ciudadana de selección, de su secretaria y de los miembros del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hechos que afectan la legitimidad del concurso y que a futuro pueden generar responsabilidades compartidas”, recalcó Espinosa al argumentar su renuncia.

Comisión advierte opacidad del concurso

Solo después de que la Comisión Cívica de Seguimiento del Concurso de Fiscal presentó una acción judicial para exigirle a la Comisión Ciudadana de Selección que publique los expedientes de los postulantes, esta accedió a hacerlo, aunque en tres casos se mantiene la reserva, en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos.

Paúl Ocaña, coordinador de la Comisión, señaló que esta publicación parcial y tardía pone en evidencia el manejo «opaco» de un proceso público de vital importancia para el país.

Adicionalmente, el Observatorio de Derechos y Justicia hizo público un informe en el que se señala que solo el 61 % de los aspirantes acredita experiencia específica y verificable en materia penal y apenas el 52% cumplen simultáneamente con el tiempo mínimo de experiencia profesional y la especialidad.

Además, la revisión de las declaraciones patrimoniales juradas presentadas ante la Contraloría General del Estado ha permitido detectar variaciones patrimoniales que ameritan una revisión detallada por parte de las autoridades competentes.