La compensación al transporte urbano en el país atraviesa días clave tras el fin del subsidio estatal al diésel, una medida que ha empujado a los municipios a buscar soluciones locales para evitar un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos.

En Quito, por ejemplo, la Alcaldía tramita una ordenanza que contempla un subsidio municipal extraordinario, con un desembolso global que bordea los 23 millones de dólares. Paralelamente, en el Concejo Metropolitano se debate elevar la tarifa base de 0,35 a 0,40 dólares.

El tema será tratado mañana en sesión de Concejo. Por su parte, Ambato optó por mantener congelado el pasaje en 0,30 dólares tras superar una paralización del servicio durante los tres primeros días de la semana, mediante un acuerdo directo entre la Alcaldía y el gremio transportista.

En lugar de autorizar el incremento de la tarifa que exigían las operadoras, el Municipio asumirá una compensación directa de 700 dólares mensuales por unidad para combustible durante un período inicial de seis meses.  El beneficio estará condicionado al cumplimiento de mesas técnicas y a mejoras en el control de frecuencias.

El plan que aplicará Quito

El Municipio de Quito ha estructurado un plan económico de entre 20 y 23 millones de dólares para mitigar el impacto de la eliminación del subsidio al diésel en el transporte urbano convencional.

Aunque el alcalde Pabel Muñoz ha sido cauto en sus declaraciones, la propuesta contempla la entrega de una compensación mensual de 1.000 dólares por unidad, lo que representaría un beneficio de hasta 8.000 dólares por bus durante lo que resta de 2026.

El objetivo central de esta medida es mantener congelada la tarifa actual de 0,35 dólares durante todo el año y postergar el incremento a 0,40 dólares hasta el 1 de enero de 2027. Sin embargo, la entrega de estos recursos públicos no será un cheque en blanco, sino que estará condicionada a una mejora verificable del servicio.

Las exigencias para el servicio

Para acceder a los desembolsos, las cooperativas de transporte deberán implementar de forma obligatoria el Sistema Integrado de Recaudo para unificar el cobro electrónico.

Además, deberán activar el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que permite monitorear en tiempo real rutas, frecuencias y límites de velocidad.

También se exigirá la instalación de cámaras de seguridad visibles y la aprobación de una revisión técnica vehicular complementaria. El proyecto de ordenanza ya inició su debate formal en la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, presidida por el alcalde Muñoz.

Mientras las mesas técnicas afinan las cláusulas de control y los plazos de implementación tecnológica, el pleno del Concejo se prepara para analizar el origen de los recursos que financiarán el subsidio. Se espera que en los próximos días la normativa sea aprobada de manera definitiva para formalizar la compensación municipal y garantizar la estabilidad del servicio en la capital. (I)