Como una burla a la democracia y a la voluntad del pueblo, le calificaron los asistentes al Foro Social Panamazónico, que se realizó el 21 de agosto del 2026 en el Puyo, en el que los representantes de las comunidades indígenas de nueve países rechazaron el incumplimiento de la consulta popular del 20 de agosto del 2023, en la que los ecuatorianos se pronunciaron a favor de dejar en tierra el petróleo del bloque 43, Yasuní ITT.

Han transcurrido tres años desde que el 58 % de los ecuatorianos votó a favor de que se suspenda la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní y más de dos años desde que venció el plazo que la Corte Constitucional (CC) le dio al Gobierno para que concrete el cierre de los 247 pozos que tiene el Bloque 43.

“La sentencia, al no tener cumplimiento, está en desacato, por eso hoy hacemos un llamado al máximo tribunal de este país, a que haga su trabajo, a que haga cumplir la sentencia para el pueblo. La democracia es la voz del pueblo y no está siendo respetada por el Gobierno de Ecuador”, afirmó Gregorio Mirabal, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Pozos que no se apagan totalmente

Tras la victoria del Sí en la consulta popular, la CC notificó los resultados oficiales el 1 de septiembre del 2023, fecha desde la cual corrió el plazo de un año que le otorgó al Gobierno de Guillermo Lasso para que ejecute el retiro progresivo y ordenado de la actividad petrolera

Con el cambio de Régimen, el 8 de mayo de 2024, mediante el Decreto Ejecutivo 257, el presidente Daniel Noboa creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT (CEVP), integrado por varias instituciones del Ejecutivo. Su objetivo era coordinar el cierre de los pozos del ITT.

Según datos de la rendición de cuentas de Petroecuador, hasta diciembre del 2025 se abandonaron apenas 59 pozos, quedando pendientes todavía 188, es decir se han cerrado un poco más del 20 % de los pozos.

Además, Petroecuador puntualizó que para el cierre definitivo del Bloque se requerirá de al menos 5,5 años. Se consultó a la empresa estatal sobre el avance de proceso, pero, no tuvimos un pronunciamiento sobre el tema.

¿Cuánto pierde el país por el cierre?

Aunque hasta el momento no se cumple con el cierre total de los pozos, en junio del 2026 se reportó que entre enero y junio de 2026, el ITT produjo 42.105 barriles diarios, frente a aproximadamente 52.335 barriles diarios en el primer semestre de 2023, antes de que comenzara el cierre, es decir, el país está produciendo unos 10.230 barriles diarios menos.

Antes de la consulta popular el Gobierno de Guillermo Lasso estimó que el país dejará de percibir 1.200 millones de dólares cuando se cierren todos los pozos del Bloque 43, lo que equivale a 16.700 millones de dólares en 20 años de vida útil.

El silencio de la Corte

Aunque desde mayo del 2023 la CC informó que realizará el seguimiento de la sentencia que dio paso a la consulta popular, hasta el momento no se ha pronunciado sobre la decisión del Gobierno de aplazar el cierre total de los pozos por hasta más de 5 años.

Este 20 de agosto del 2026 el colectivo Yasunidos, que impulsó la consulta popular, ingresó a la CC una nueva solicitud para que se convoque a audiencia pública en la que el Gobierno le explique al país cómo avanza el cierre del ITT.

Este pedido se suma a los más de 30 documentos que se han presentado con el objetivo de exigir que el Régimen explique por qué, tras más de tres años, todavía no ha cumplido con el mandato popular y de por qué la Corte no ha hecho nada para que lo cumpla.   

Incumplimiento de todas las consultas

Desde Yasunidos se recalcó que, el incumplimiento sobre este tema no es un hecho aislado, pues tampoco se han acatado las consultas populares ambientales que se hicieron en Quito, Cuenca y Girón.

“La decisión del actual Gobierno de ignorar este mandato es un atentado directo contra la democracia. Este no es un hecho aislado: se suma al incumplimiento de las consultas de Quito, Cuenca y Girón, así como a la política de militarización del territorio para imponer el extractivismo y avanzar con distintos proyectos mineros y petroleros, violando la consulta previa libre e informada y la consulta ambiental”, señalaron desde Yasunidos.

En las consultas populares de Girón, Cuenca y Quito, que se realizaron en 2019, 2021 y 2023, respectivamente, se les consultó a los ciudadanos sobre la prohibición de realizar actividades mineras en las zonas de recarga hídrica, en los tres casos ganó el Sí a favor de la preservación del medio ambiente.