El Tribunal Penal Especializado en Delitos Corrupción y Crimen Organizado declaró culpable al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, como autor directo del delito de comercialización ilegal de combustible dentro del denominado Caso Triple A. La sala judicial le impuso una condena de seis años y ocho meses de pena privativa de libertad, tras acoger los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado sobre el desvío sistemático de hidrocarburos con subsidio estatal.
La investigación de la Fiscalía determinó que Alvarez ejercía el control directivo, accionario y operativo del grupo empresarial vinculado a la red comercializadora, integrando compañías como Copedesa, Corpalubri y Ternape. Según el fallo judicial, la estructura operaba un esquema de distribución irregular donde el combustible subsidiado destinado a ciertos segmentos era desviado para fines comerciales no contemplados por la normativa nacional, generando un perjuicio económico al Estado ecuatoriano.
Junto a la sentencia principal contra Alvarez, los jueces ratificaron la responsabilidad penal de otros cuatro procesados que actuaron en calidad de cómplices, para quienes se fijó una pena de dos años y dos meses de prisión. La resolución administrativa dispuso además la clausura definitiva y el proceso de disolución legal de seis personas jurídicas involucradas en la operación comercial del grupo económico investigado.
El tribunal resolvió asimismo ratificar el estado de inocencia de seis ciudadanos investigados dentro del proceso, al no encontrarse evidencia suficiente que acreditara su participación en el delito de comercio ilícito. Como parte de la resolución favorable a estos implicados, los magistrados ordenaron el levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares de carácter personal y real que pesaban sobre ellos desde el inicio de las indagaciones.
Esta decisión de primera instancia abre la vía legal para que la defensa técnica de Alvarez presente los recursos de apelación correspondientes ante la Corte Nacional de Justicia, mientras la opinión pública debate las implicaciones administrativas respecto a la continuidad en la Alcaldía de Guayaquil. El marco normativo del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) contempla causales específicas sobre la pérdida o suspensión del cargo en ejecutivos seccionales ante sentencias condenatorias ejecutoriadas.
El dictamen judicial por el Caso Triple A representa uno de los procesos de mayor impacto político e institucional en el ámbito seccional durante el año 2026. La cobertura del pronunciamiento, emitida en la edición estelar del noticiero Televistazo de Ecuavisa, confirmó el cierre de la etapa de juicio de una indagación iniciada tras las alertas emitidas por la Agencia de Regulación y Control de Energía sobre inconsistencias en los volúmenes de comercialización de derivados de petróleo.
