En solo 24 horas se produjeron en Ecuador varios intentos por instalar el diálogo que permita levantar el paro nacional que empezó hace 11 días, pero quienes anunciaron la tregua fueron desmentidos o deslegitimados, por lo que la protesta —principalmente en Imbabura— continúa.
El primer anuncio provino de la gobernadora de Imbabura, Maité Landeta, quien aceptó la invitación de la Universidad Técnica del Norte para sentarse a dialogar con la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), pero el encuentro planificado para el martes 30 de septiembre a las 16:00 no se realizó por la inasistencia de los líderes.
A través de un comunicado, Landeta calificó a la decisión de la dirigencia indígena como una “falta de compromiso” y lamentó que no hayan acudido para buscar soluciones pacíficas.
Anuncios fallidos de tregua
El 1 de octubre del 2025 el país amaneció con un anuncio de tregua y de inicio del diálogo, proveniente de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI), que está conformada por los pueblos Karanki, Natabuela, Imantag, Otavalo y Kayambi del Norte.
La decisión de la organización indígena fue anunciada como un “gesto de buena fe y voluntad de diálogo con el Gobierno Nacional” y la principal condición fue que no se criminalice a los manifestantes y que se inicie un proceso en el que se lleguen a acuerdos concretos y que se cumplan.
Apenas tres horas después, el pueblo Kichwa Karanki desconoció ese acercamiento y aseguró que la movilización solo se suspenderá cuando se dé de baja el Decreto Ejecutivo 126, con el que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel.
La dirigente indígena Pacha Terán informó que Mesías Flores, presidente de la FICE, fue revocado de su cargo tras la emisión del comunicado en que se anunció la tregua, a quien acusó de negociar con el Gobierno a cambio de beneficios personales.
“Sabemos por fuentes muy cercanas que están negociando puestos y proyectos para que su familia se acomode, a nombre de este paro. No nos van a volver a ver la cara”, advirtió Terán, quien anticipó que solo se sentarán a negociar si se deroga el Decreto 126 y se libera a sus 12 compañeros detenidos,
Desconexión con la dirigencia nacional
Este 2 de octubre del 2025 en Quito, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), convocó a un Consejo Ampliado de la organización, en el que se definirán los siguientes pasos en el paro nacional.
Pacha Terán rechazó la decisión de Marlon Vargas, presidente de la Conaie, de convocar al encuentro en Quito, pues los protagonistas del paro no están en esta ciudad, sino en Imbabura.
“La trinchera de la lucha es en Otavalo, aquí se tiene que instalar el Consejo Político, Peguche garantiza la logística y una rica comida; para ir a Quito quienes están en la lucha se deberían desmovilizar y no lo van a hacer”, afirmó Terán.
El catedrático Ariruma Kowii, experto en temas indígenas, coincidió con Terán en que existe desconexión entre la dirigencia local y la nacional, esta última ha estado prácticamente “invisible”, lo cual genera dispersión también entre los manifestantes; de lo cual también responsabilizó al Gobierno, que ha incentivado esta división.
“Generar la división en momentos críticos deja en evidencia el mal manejo y la política clientelar y paternalista, un gobernante debería enfocarse en una política de autogestión, no en un espíritu de caridad, sino políticas orientadas a mejorar la condición económica de los pueblos indígenas, que es mayormente crítica”, afirmó el experto.
El llamado al diálogo
Los pronunciamientos que llamaron al diálogo para poner fin al paro nacional vinieron de diversos sectores, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, recalcó que solo el “diálogo franco y permanente” será la vía para encontrar soluciones, aunque también reconoció el derecho a la protesta pacífica.
En la misma línea se pronunciaron 13 escuelas politécnicas y universidades del país, que pidieron al Gobierno a los dirigentes sociales que demuestren voluntad política para crear condiciones que generen confianza mutua y permitan iniciar un proceso de negociaciones.
La Oficina Sudamericana del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU instó a “iniciar el diálogo urgente”, a fin de evitar la escalada de conflictividad y encontrar soluciones.
Los alcaldes Cristian Zamora, de Cuenca, y Aquiles Álvarez, de Guayaquil, también hicieron un llamado a los sectores involucrados en el paro nacional a priorizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos; el burgomaestre de la capital azuaya incluso ofreció la ciudad como sede de las negociaciones. (I)
