Ecuador acude hoy nuevamente a las urnas para responder las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular convocadas por el Gobierno. En el Azuay, 645.398 electores están llamados a participar en una jornada marcada por la desinformación, la apatía y las preocupaciones por la seguridad en algunos sectores del país.
Gabriela Solano Saavedra, presidenta de la Junta Electoral del Azuay, en diálogo con El Mercurio, analiza los desafíos de este proceso.
Falta de información y voto consciente
– ¿Cómo interpreta que una parte del electorado acuda a votar sin conocer a fondo el contenido de las cuatro preguntas? ¿A qué atribuye esa falta de información?
Tenemos 11 organizaciones políticas inscritas y cinco de la sociedad civil acreditadas para la promoción electoral. A ellas también les corresponde difundir sus posturas, ya sea por el Sí, por el No, o por el voto nulo o blanco. Sin embargo, toda la ciudadanía puede acceder al portal del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde constan las cuatro preguntas y sus anexos.
Existe una corresponsabilidad ciudadana que es informarse por los canales oficiales y revisar qué propone cada pregunta y hacia dónde se quiere orientar al país.
– ¿La campaña informativa del CNE ha sido suficiente para garantizar un voto consciente?
Sí. Tenemos un espacio denominado Voto Informado, que se desarrolla en coordinación con universidades para explicar a la ciudadanía en qué consisten las tres preguntas de enmienda constitucional y la de consulta popular. Es fundamental que cada elector entienda qué propone cada una y vote con claridad sobre lo que quiere para el país.
Ausentismo y medidas para motivar el voto
– Respecto al ausentismo, ¿qué acciones se aplican para contrarrestarlo?
En las elecciones generales de 2025 tuvimos un ausentismo con un nivel bajo que también responde a la migración y al voto facultativo. Actualmente hemos notificado al 93,57 % de los miembros de juntas receptoras del voto y capacitado a más del 87 % de ellos (cifras hasta la tarde de ayer). Estar en territorio permite informar, motivar y evidenciar el trabajo que se realiza para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.
Denuncias, transparencia y control del proceso electoral
– ¿Han recibido denuncias de irregularidades o presiones durante este proceso?
En la provincia del Azuay no hemos recibido denuncias. Este es un proceso extraordinario de alcance nacional, por lo que no puedo referirme al flujo de información de otras provincias. Pero en Azuay, la coordinación entre la Delegación Provincial y la Junta se desarrolla con normalidad.
– Persisten críticas sobre cómo se integran las juntas electorales y la supuesta falta de transparencia. ¿Qué responde?
Hoy los vocales no pueden estar vinculados a ningún movimiento o partido político, lo cual se certifica mediante un documento de apoliticismo. Cualquier ciudadano mayor de 18 años puede postularse. La designación se realiza en sesión pública por parte del pleno del CNE, que valora los perfiles y vota de manera unánime. No existe injerencia partidista.
– ¿Qué control aplican frente a la desinformación en redes y al cumplimiento de los topes de gasto?
Tenemos equipos de monitoreo y fiscalización en todos los cantones. El Código de la Democracia no faculta controlar medios no oficiales, pero sí se monitorean los medios acreditados y el trabajo de las organizaciones políticas. Este levantamiento se realiza durante toda la campaña electoral, vigente hasta el 13 de noviembre.
– Varios anuncios y actividades del Gobierno han coincidido con el periodo preelectoral. ¿Esto puede interpretarse como campaña velada?
No puedo pronunciarme sobre las motivaciones de las autoridades. En el caso del concierto con un artista internacional, se realizó antes de la campaña. La prohibición rige del 1 al 13 de noviembre. Si existen presuntas irregularidades, las organizaciones políticas pueden denunciarlas ante el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral.
Capacitación y escrutinio de las juntas receptoras del voto
– ¿Qué capacitación reciben los miembros de las juntas receptoras del voto?
Tienen una fase teórica, donde se explica su marco legal, y una fase práctica, enfocada en el proceso y el escrutinio. En este caso habrá una sola papeleta dividida por casilleros, lo que facilita una contabilización rápida. El escrutinio es público, con delegados de organizaciones políticas presentes, y además contaremos con observadores nacionales e internacionales.
– ¿Cuándo podrían conocerse los primeros resultados oficiales?
Las actas se escanean en los centros de digitalización y se puede observar su carga en tiempo real desde la app del CNE o el portal web. Al haber una sola papeleta, el escrutinio será más ágil. En procesos anteriores, entre las 20:00 y 21:00 ya existía un avance importante. Los resultados serán proclamados a nivel nacional por el pleno del CNE.
Seguridad electoral en el Azuay
– En un contexto de hechos violentos, ¿cómo se coordina la seguridad en los recintos electorales?
El Azuay cuenta con 269 recintos. La Mesa de Seguridad ya está activada y articula con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía y otras instituciones. Esta coordinación también aplica para el voto de personas privadas de libertad sin sentencia y para el programa Voto en Casa.
– ¿Hay zonas identificadas como de riesgo electoral? ¿Qué medidas se han tomado?
No hemos tenido alertas específicas dentro de los recintos. La seguridad externa corresponde a otras entidades. Durante el traslado de paquetes electorales (viernes para Cuenca, sábado para los demás cantones) las Fuerzas Armadas custodiarán los 2.027 paquetes y permanecerán en los recintos hasta el fin del proceso.
– ¿Cómo se protege el traslado del material electoral hacia zonas rurales o con presencia de grupos delictivos?
Todo el material está custodiado por Fuerzas Armadas desde su llegada a las bodegas. Y su despliegue se realizará con acompañamiento militar hacia cada Junta Receptora del Voto.
Mejoras para recuperar la confianza ciudadana
– Con su experiencia, ¿qué debería mejorar en el sistema electoral para recuperar la confianza ciudadana?
Existen múltiples actores y eso genera choque de ideas. Pero los informes de observadores internacionales y nacionales contienen recomendaciones objetivas sobre mejoras necesarias. Las reformas al Código de la Democracia dependen de la Asamblea Nacional, que debería acoger estas recomendaciones. (I)

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