La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) ha investigado varios casos de corrupción; su coordinador, Germán Rodas, advierte las irregularidades que existen en el manejo del sistema de salud por parte del actual Gobierno. El Mercurio mantuvo una entrevista con Rodas para conocer la realidad que se vive en el país.

¿Cómo califica la respuesta que les dio la vicepresidenta María José Pinto por las contrataciones en este sector?

La CNA consideró que, al ser la segunda mandataria, la ministra de Salud encargada y miembro del Comité Nacional de Salud, era a quien le debíamos informar sobre la contratación de proveedores que le han afectado al Estado; además, le mostramos nuestra preocupación por la contratación de HealthBird; pero la respuesta de la Vicepresidencia fue recordarnos que solo tiene las funciones que le delegó el presidente el 24 de mayo del 2025.

¿Teme sanciones, si se le advirtió que no hable del tema?

Nos respondieron que el pronunciamiento que pedíamos sobre HealthBird no era oportuno y me advirtieron sobre una cláusula de confidencialidad, por medio de la cual me impedía que vuelva pública su respuesta, caso contrario, me sometería a acciones penales por parte de quienes me habían contestado; yo entiendo que, después de que la vicepresidenta aceptó que esa respuesta no era conveniente, la exigencia de confidencialidad no se aplicará.

¿Qué encontró la CNA sobre los proveedores de la salud?

Los mismos proveedores de insumos y medicamentos que han afectado los intereses del país, por lo menos en los últimos seis años, siguen siendo contratados en el actual Gobierno; haciendo un estudio aleatorio determinamos que 172 proveedores desde el 2019, el 2025 incluido, habían obtenido la ventaja a su favor de 240 millones de dólares.

¿En cuanto a HealthBird, que han encontrado?

Que es un bróker de seguros que no tiene la capacidad, ni la experiencia para cumplir con el contrato de 37,7 millones de dólares, que involucra agendamiento de citas, seguimiento de historias clínicas, traslados a clínicas, temas fundamentales que, se tienen que hacer, pero, no por hacerlos se puede utilizar a cualquier grupo, nos preocupa que HealthBird se convierta en el nuevo Progen, sobre el que también les advertimos.

La autoridad de Sercop, José Julio Neira, dice que no existe contrato con HealthBird

Hay cosas que no están claras, porque cuando Edgar Lama dirigía el IESS dijo, con mucha fuerza, que se habían avanzado en el contrato y sometió a votación en el Consejo Directivo, se opuso la vocal de los empleadores, Lama ejerció su voto dirimente y aprobaron el contrato, sin que exista representante de los empleados. Además, la página web de esta empresa ostentó que tiene contratos importantes con el Estado ecuatoriano. Hasta el presidente Daniel Noboa, en campaña, habló sobre el contrato.

¿Por qué la opacidad?

La opacidad nació mucho tiempo atrás y evidentemente durante la gestión de Lama se pretendió configurar el acto irregular; ante esto, no podemos seguir escuchando opiniones, necesitamos una versión oficial, para conocer si hay o no el contrato y, de haberlo, en qué condiciones se realizó y, si se dio una afectación al país, que se sancione a quien se debe.

¿Quién debería ser sancionado?

Lo que me temo es que se sancione a los mandos medios y se proteja a los responsables políticos, como ocurrió en el caso Progen; la ministra Inés Manzano permitió que al país se la asalte en más de 160 millones de dólares y ella sigue campante en la función pública; lo mismo pasa con el ministro Roberto Luque, que fue el que inició todo.

¿Se debe sancionar a Edgar Lama?

Pero no solo por HealthBird, sino por usar la salud, que debe ser sagrada, para la precampaña electoral de la consulta popular; vimos como Lama hizo las veces de estibador, cargaba unos cartones, haciéndonos creer que cargaba medicamentos, cuando lo que cargaba eran gasas y los medicamentos siguen faltando; el trabajo en esta área debe ser efectivo, adecuado y de alta probidad, de visión técnica.