Miles de padres de familia, docentes, defensores de derechos de niños y mujeres, funcionarios públicos y gestores culturales realizaron una marcha en Quito para protestar en contra de la aprobación de la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), la cual se debatirá este 20 de febrero del 2026 en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Quienes asistieron a la marcha coincidieron en que la ley con la que el presidente Daniel Noboa pretende reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) afectará a los proyectos sociales de los municipios y prefecturas, los cuales se quedarán sin recursos para financiar sueldos de los profesionales.

Proyectos sociales en peligro

La ley obliga a que los GADs destinen el 70 % de lo que el Estado les entrega a la inversión y solo un 30 % a gasto corriente; el inconveniente que ve Berenice Cordero, del Pacto de la Niñez y Adolescencia, quien ayer participó en la marcha, está en el cambio en los clasificadores de ese gasto, pues todo tipo de salario, incluso el de los proyectos sociales, será encasillado en este rubro.

“Queremos saber quién va a cofinanciar los proyectos en favor de los niños y jóvenes, que pugnan por ser arrebatados por la delincuencia, en quienes los municipios y prefecturas invierten, para darles opciones de entretenimiento y aprendizaje; queremos saber si el Gobierno va a entregar estos fondos, porque los proyectos sociales se van a ver seriamente afectados”, señaló Arce.

Lizi Ernst, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, también quiere saber si el Gobierno central va a entregar los fondos que se requieren para mantener las casas de acogidas para las mujeres violentadas que, en varios casos son financiadas por los municipios.

“Son proyectos que el Gobierno no va a poder cubrir y las mujeres van a quedar en la indefensión; tampoco tendrán acceso a las guarderías, no podrán trabajar y en el país aumentará la pobreza”, recalcó Ernst.

Aumento del desempleo

Si los sectores sociales, culturales, educativos y de salud de los municipios y prefecturas se eliminan, también se afectará a los empleos de quienes laboran en estos proyectos.

Los representantes de la Federación de Asociaciones de Empleados de la Prefecturas (Fenacope) también se reunieron para analizar cómo el proyecto de ley afectará a los funcionarios y provocará sus despidos.

Geovanny Espinosa, presidente de la Asociación de Empleados del Gobierno Provincial de Pichincha, recalcó que los primeros que se verá afectados por el recorte del presupuesto por parte del Gobierno serán los docentes, médicos, trabajadores y quienes laboran, bajo la figura de contrato, en los proyectos sociales de los GADs.

Solo a nivel de las instituciones educativas municipales de Quito se conoce que 1.400 docentes serían desvinculados de sus trabajos, pues el Municipio no podría destinar fondos para el pago de sus salarios, sin que esto sea considerado un gasto corriente.

Miguel Chávez, representante de los Comités de Padres de Familia de los Colegios Municipales de Quito, señaló que esta imposibilidad que tendrá la Alcaldía de contratar a los docentes dejará sin educación a 27 mil niños y jóvenes.

Se llevaron el debate a Guayas

Para el segundo y definitivo debate de la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GADs, el Pleno de la Asamblea Nacional se trasladó a la provincia del Guayas; este 20 de febrero sesionará en las instalaciones de la Universidad Ecotec, ubicada en el cantón Samborondón.

Para quienes asistieron a la marcha en Quito esto es parte de la posición que adoptó la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional, que se negó a escucharlos para exponer sus preocupaciones frente a esta reorganización de los gastos de los GADs.

“Sin querer ser suspicaces, no podemos hacer más que pensar que lo que se busca es llevarse la discusión a un espacio donde no hay conflicto, no sé si lo que se pretende es dejarnos a la expectativa de que en otro lugar se decida lo que va a pasar con nuestros hijos”, afirmó Miguel Chávez, representante de los padres de los colegios municipales de Quito.