El juez del caso Laberinto, que investiga el supuesto delito de lavado de activos, dictó prisión preventiva para Luisa González; el exasambleísta y sentenciado por violación a una menor de edad Santiago Díaz y Wendy Onofre, dirigente del movimiento RETO.

El magistrado además dispuso, por pedido de Fiscalía la presentación periódica ante la justicia de Estefanía Molina, quien habría sido asesora de González, quien además tiene prohibición de salida del país y tendrá que utilizar un dispositivo de vigilancia electrónica.

Fiscalía pidió la prisión preventiva

Después de que tanto el fiscal del caso y los abogados de la partes procesales expusieron sus argumentos en el caso Laberinto, la Fiscalía General del Estado ratificó su pedido de prisión preventiva para las siguientes personas:

• Luisa González

• Santiago Díaz

• Wendy Onofre

Debido a que Estefanía Molina tiene a su cuidado un hijo con una condición de salud que requiere su presencia, #FiscalíaEc no se opuso a la aplicación de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico.

Luego de haber escuchado a los sujetos procesales, el juez de la causa suspendió la audiencia de formulación de cargos. La diligencia se reinstalará en los próximos minutos para conocer la resolución sobre las medidas solicitadas.

Instalación de la audiencia

La noche del 22 de octubre de 2026 se instaló en el Cuartel Modelo, en la ciudad de Guayaquil, la audiencia de formulación de cargos contra cuatro personas, entre ellas, Luisa González, por el caso Laberinto. De acuerdo a la Fiscalía, los procesados estarían relacionados con el presunto lavado de activos para financiar la campaña electoral del movimiento político RC5 en el año 2023.

Según la tesis de la Fiscalía se identificaron alrededor de medio millón de dólares que se usaron en la campaña presidencial de Luisa González. Ese dinero habría ingresado desde Venezuela.

En un vídeo de José Julio Neira, secretario de la Administración Pública del Gobierno de Daniel Noboa, se explicó que la prueba de aquello está en unos mensajes de un cooperador de la investigación. De acuerdo a Neira, el cooperador le escribió a un contacto identificado como «Aquiles Álvarez 1» para consultarle sobre el presupuesto de campaña. Él le habría respondido que el dinero se destinaría a «brigadistas» y «camisetas», y que esos rubros tenían que pagarse en efectivo.

Neira agregó que, en la investigación, también existen «posibles vínculos entre personas jurídicas, relacionadas con el entramado societario de Aquiles Álvarez».

¿Qué dice la Fiscalía?

Por su parte, a diferencia de los representantes del Gobierno de Noboa, solo informaron que se investiga los recursos ilícitos de la comercialización ilegal de hidrocarburos, que se habrían usado para financiar la campaña de González hace tres años. (I)