Tres ciudadanos fueron castigados este martes 2 de junio por pobladores de la comunidad de Guarangos Grande, en la parroquia San Miguel de Porotos, en Azogues, en Cañar.
Algunos habitantes los acusaron de robar animales, mientras que otros los responsabilizaron de ingresar a viviendas y sustraer enseres. También son sospechosos de haber asaltado a un taxista.
Los individuos fueron identificados como Miguel Ángel V., Milton Xavier V. y René Reinaldo S. No se conoce si tienen antecedentes penales o causas pendientes con la justicia. Otros dos sospechosos lograron escapar, según testigos.
Los presuntos delincuentes iban en un vehículo Chevrolet de color plomo, que también fue retenido por la comunidad. Según versiones de los moradores, en su interior encontraron una herramienta utilizada para forzar puertas.
Los comuneros, tras capturarlos, los amarraron de pies y manos y los golpearon. Posteriormente permitieron que fueran retirados por agentes de la Policía Nacional para las respectivas investigaciones.
En redes sociales, especialmente en Facebook, circularon varios videos en los que se observa cómo fueron atados y castigados. Además, se aprecia el momento en que agentes policiales los suben a patrulleros para evacuarlos del sector.
En varios comentarios, usuarios informaron que hay grabaciones de cámaras de seguridad que registraron una serie de robos en sectores cercanos como Guarangos Chico, Jatumpamba, Pacchapamba y Zhindilig.
Chats comunitarios
Asimismo, advirtieron que mantienen chats comunitarios de alerta para reportar la presencia de personas desconocidas o sospechosas, debido a los constantes casos de abigeato registrados en la zona.
De igual forma, tienen previsto hacer una reunión general con los pobladores de estas comunidades para analizar la colocación de controles en algunas vías y así impedir el paso de delincuentes.
Según Rolando Sari, abogado e investigador en justicia indígena, esta figura está reconocida en la Constitución del Ecuador, pero su aplicación debe limitarse a comunidades, pueblos y nacionalidades que conservan autoridades y procedimientos propios.
Advirtió: “Extender este mecanismo a sectores donde no hay una organización indígena legítima puede derivar en actos de hecho, vulneraciones al debido proceso y decisiones alejadas del marco constitucional vigente”.
Reconoció que este tipo de acciones por parte de la población responde, en gran medida, a la pérdida de confianza en la justicia ordinaria, que a su criterio no ha sido efectiva para sancionar los delitos y castigar a los responsables.
Concluyó: “Cuando ciudadanos o grupos aplican castigos sin competencia legal o fuera de los límites constitucionales, hay el riesgo de incurrir en excesos que pueden generar responsabilidades penales posteriores”.
El último fin de semana, un sujeto también fue amarrado y castigado por moradores del sector de las calles Gaspar de Jovellanos y avenida Doce de Octubre, al sur de la ciudad.
Los vecinos indicaron que lo encontraron mientras intentaba abrir vehículos. Como evidencias hallaron una billetera, dinero sustraído de uno de los automotores y varios objetos cortopunzantes.
Agentes policiales llegaron al lugar y detuvieron al sospechoso para las investigaciones correspondientes. De este caso también se difundieron varios videos a través de redes sociales.
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