El país está bajo una espiral de violencia. Sobre el decreto ejecutivo del presidente Lasso que establece los requisitos para el porte de armas a civiles, modificando al Artículo 84 del Reglamento de la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, las nuevas medidas de seguridad que se adoptaron para frenar la situación de violencia actual, es una decisión poco analizada por decirlo de alguna manera, que traerá consigo condiciones más deplorables que las actuales. Por un lado, el Estado no tiene un plan adecuado para otorgar permisos para el uso de armas y menos un modelo de justicia que aplique la ley.
Por otro lado, la seguridad de la ciudadanía es obligación del Estado, no de los ciudadanos. La tenencia de armas no es el camino hacia la seguridad, sino hacia la reproducción de más
violencia, así lo demuestran las estadísticas de países que adoptaron la medida, incluso aquellos cuya administración de justicia funciona mejor y cuyos niveles de permeabilidad de la delincuencia organizada son mejor combatidos.
Ninguna nación en el mundo que haya flexibilizado el porte y uso de armas de fuego para uso civil ha reducido los riesgos de seguridad, al contrario, se vislumbra incremento en las tasas de homicidios, femicidios, suicidios y más violencia social. No necesitamos más armas de fuego en las calles, necesitamos un plan de políticas públicas de seguridad ciudadana, de rehabilitación de las personas privadas de la libertad, de inversión social y coherencia entre los discursos, las decisiones y las acciones desde el gobierno. (O)
