El mundo se encuentra en una situación de ruptura de la institucionalidad internacional alcanzada en el siglo XX, luego de las cruentas guerras mundiales y de todo el histórico proceso civilizatorio de la humanidad. El multilateralismo es cuestionado y desconocido por la mayor potencia global y sus adláteres. Es una arremetida desembozada, descarnada y violenta. El mundo está así, en vilo. Nosotros, los ecuatorianos, casa adentro, pese al reconocimiento formal del imperio de la ley y de la importancia de las instituciones democráticas, siempre hemos estado en vilo, porque las normas y las leyes han sido, históricamente, meros referentes conceptuales y discursivos. Sino fuese así, seríamos un país más justo, seguro, equitativo y con mejores niveles de desarrollo social.

El Ecuador no ha tenido un proyecto social que convoque a todos y que los incluya como actores protagónicos en la construcción de un destino común. Los indígenas, tradicionalmente explotados y envilecidos por un sistema que, originalmente, ni siquiera les reconocía derechos como ciudadanos, continúan con su lucha en contra de gobiernos nacionales que no logran aceptar sus reivindicaciones. Los trabajadores, la burocracia pública, los empresarios, los comerciantes, los sindicatos y otras formas sociales de organización, han reclamado siempre por la vigencia de sus peticiones y de sus intereses. Cada grupo, busca permanentemente que sus legítimos intereses, si partimos de la premisa de que actúan con buena fe, sean reconocidos, sin una real preocupación por el bienestar de los otros, comportamiento común porque no son los directamente llamados a buscarlo y alcanzarlo.

Los gobiernos de turno, que teóricamente, representan a toda la sociedad, no han logrado consensos y, si bien su discurso, siempre ha sido gestionar el bien común, su praxis ha buscado favorecer intereses de grupos específicos, intentando manipular a la opinión pública en el sentido de que su preocupación por toda la sociedad es legítima y evidente en sus políticas y acciones. ¡Falacias! Con las excepciones de rigor, los gobiernos ecuatorianos han ejercido sus funciones pensando en satisfacer los intereses propios de quienes han llegado a esa posición y también de los grupos que les apoyan y a los cuales se pertenecen.

El síndrome de ¡sálvese quien pueda! 

Que los individuos vean por sí mismos. Que las organizaciones sociales que persiguen objetivos específicos, también lo hagan. Que emprendedores busquen consolidarse, cuidando de sus intereses propios. Que los empresarios, comerciantes y gente de negocios de todo tipo, tengan prácticas orientadas a su propio cuidado y progreso, es normal y esa forma de actuar está regulada jurídicamente. Como debe ser. También es verdad que todos, sin importar su proveniencia o actividad, están conminados ética y legalmente, para actuar sin dañar al otro y contribuir con el bienestar colectivo.

Es el concepto de responsabilidad social que, además del cumplimiento de la normativa legal, exhorta a las empresas, individuos e instituciones, a ir más allá de sus obligaciones en derecho, para aportar con el desarrollo social sostenible y también con el cuidado del medio ambiente. En la práctica, existen políticas y acciones empresariales e institucionales que van en ese sentido. También es cierto que se podría unir fuerzas para que la relación positiva con la sociedad y con el medio ambiente, sean potenciadas significativamente.

El antiguo refrán “cuídate que yo te cuidaré” es ampliamente aplicable a toda situación de vida personal o grupal. También son pertinentes, sugerentes y deberían ser más aplicadas otras ideas basadas en el amor al prójimo, la compasión y el servicio desinteresado. El compartir con los pobres, cuidar al débil y ser hospitalario son formas éticas de servir a la humanidad.

Sin embargo, todas esas ideas sobre la vida, con el embate del autoritarismo político, científico, militar y económico contemporáneo, pasan a un segundo plano, casi como anacronismos que no sirven, porque la “real politik” o la realidad social a secas es diferente a las buenas ideas y palabras. Eso pasa cuando las sociedades se alejan de sus utopías y reivindican el lado brutal propio y el de sus interlocutores, en sus interrelaciones. Es la ley del más fuerte. Jesús, Mahoma, Confucio, Buda y tantos otros sabios espirituales son, para el modelo actual que impulsa la historia contemporánea, secundarios frente al poder de la ciencia, las exigencias del negocio, los requerimientos del poder y la necesidad de someter a los débiles.

Así, desde la desafiante realidad contemporánea, que se aleja de la utopía, de los ideales, de los principios y valores, cada quien ve por sí mismo y quiere salvarse, pese a que ese es un escenario de irrespeto a la dignidad humana, así como de decadente servilismo, arribismo y desparpajo, elementos que son consustanciales al imperio de la fuerza, que históricamente fue combatida por ser nociva e inviable, pese a ser evidente y estar presente en las relaciones entre la gente. La fuerza y su ejercicio han sido limitadas y reguladas, para que además de ella, tengan cabida en la convivencia social otras variables como la sostenibilidad, el respeto, la dignidad y los valores que, en nuestro caso, provienen directamente de la doctrina cristiana y del humanismo democrático.

Ante la inacción institucional, la ciudadanía activa

Que los gobiernos de turno no cumplan con su deber de mandatarios de todos y que, por el contrario, se preocupen de sus intereses y de los que son sus socios y amigos, no es ninguna novedad. Afirmación dolorosa, angustiante y casi fatalista, que prácticamente nos priva de la instancia institucional y formal de construcción del bien colectivo.

Que empresas, instituciones, organizaciones de todo tipo, cuerpos colegiados y otras formas sociales también lo hagan -velar por sus propias aspiraciones- es una verdad que en la historia y en la contemporaneidad se impone. Los intereses de algunas corporaciones e instituciones locales están, en ocasiones, relacionados con los objetivos de iniciativas trasnacionales que buscan obtener las mayores ganancias sin considerar los daños que puedan causar a comunidades o ecosistemas, circunstancia que condiciona a los actores locales a buscar el bien común, porque reciben financiamiento o son socios estratégicos del capital internacional en diversos momentos del negocio. La institucionalidad local al tener compromisos con instancias foráneas que, no necesariamente ven por el bienestar colectivo y el cuidado del medio ambiente, difícilmente puede alzar la voz y oponerse.

Son entonces los ciudadanos, los individuos, los que deben hablar, levantando la voz ante la injusticia y el autoritarismo, ante el abuso y el aprovechamiento. Son los ciudadanos quienes constituyen el último reducto de la resistencia contra los desafueros del poder en cualquiera de sus formas. Cuenca tiene, lo vengo afirmando en muchas columnas y ensayos, una masa crítica conformada por ciudadanos comprometidos consigo mismos y con su entorno social y ambiental, que se han encontrado y unido en algunas situaciones relacionadas con el cuidado de la vida. La “Marcha de los Cien Mil” de septiembre de 2025, fue un hito cívico que nos mostró de lo que estamos hechos, lo que somos y lo que debemos seguir siendo. Ante la ineficacia de las instituciones, es el ciudadano quien tiene la palabra.

Es la ley del más fuerte. Jesús, Mahoma, Confucio, Buda y tantos otros sabios espirituales son, para el modelo actual que impulsa la historia contemporánea, secundarios frente al poder de la ciencia, las exigencias del negocio, los requerimientos del poder y la necesidad de someter a los débiles