OPINIÓN|
Un Estado que priorice el bienestar de sus ciudadanos, debe desplegar todos los recursos y protocolos para proteger a los grupos de atención prioritaria, en este caso puntual a las mujeres y sus familias que han reportado múltiples abusos al interior de sus hogares.
La emergencia demostró que apoyar a la mujer durante el confinamiento tenía que ser una prioridad. Han habido esfuerzos desde las instituciones públicas y desde organizaciones ciudadanas para garantizar que las redes de apoyo sigan brindando soporte legal y emocional a las víctimas.
La verdadera pandemia resultó ser la deshumanización y la indiferencia. El virus ha sido la excusa perfecta para evidenciar con mayor intensidad lo que era un secreto a voces; 6 de cada 10 mujeres en el país sufren de agresiones en sus diferentes tipos. Algunos se llevan la culpa como promotores, pero otros han sido cómplices como espectadores.
Quien calla y no denuncia pudiendo hacerlo cae en la deslealtad; frente a una pandemia que todos podemos y debemos evitar. La violencia contra mujeres y sus familias nos compromete a seguir uniendo esfuerzos por erradicarla. (O)
