La inseguridad jurídica se ahonda en el Ecuador. Nos está llevando a la desconfianza total en el sistema judicial, cuando no al caos.
Las garantías jurisdiccionales, plasmadas en una Ley, hasta cierto punto se farrean como si tratasen de un recurso constitucional cualquiera, si bien ninguno lo es.
Las acciones de protección y otros recursos previstos en esa ley son, hasta cierto punto, manipulables, moldeables a los intereses de quienes quieren favorecerse.
Se ha visto, no sin mayor asombro, cómo tales acciones se plantean en los cantones más recónditos del Ecuador, donde “jueces multicompetentes” –una curiosa designación, propia de quienes pretendieron refundar el país a punta de eufemismos- las otorgan tan rápido como puedan o les sean exigidos por detenidos en Quito, Guayaquil o Cuenca.
Poco importa si esos jueces tienen la debida preparación académica en derechos constitucionales.
A alguien, a lo mejor a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, debiera preocuparle semejante situación como para plantear reformas a la Ley o poner límites, no a la garantía de los derechos, sí a quién y dónde debe aplicársela.
A ratos resulta insólito de creerlo. Si un detenido en una cárcel de la capital -no importa si tiene uno, dos o tres procesos en su contra-, quiere salir libre, puede plantear acciones de protección aduciendo conculcación de derechos, por ejemplo ante un juez de un cantón de Zamora Chinchipe.
Cuando debería plantearlo en el lugar donde está recluido o donde cometió el delito. Pero así son las leyes en el Ecuador. Y la referida para este editorial data desde hacía más de doce años.
Así acaban de salir libres, si bien de manera parcial, Jorge Glas y Daniel Salcedo, cuyas historias delictivas las conoce todo el país.
Eso aumenta la desconfianza ciudadana en el sistema de Justicia; peor en el combate contra la corrupción y el crimen.
