La pretendida explotación de los recursos naturales descubiertos en los páramos del Azuay, cuya riqueza hídrica es incuestionable, sufre otro revés.
Por resolución judicial, el proyecto minero Loma Larga queda suspendido, como lo está, desde 2018, Río Blanco.
Las concesiones otorgadas por el Estado al Loma Larga abarcan territorios de Cuenca, Girón y San Fernando.
Para la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia del Azuay, en aquel proyecto se vulneró el derecho de las comunidades a la consulta previa, libre e informada.
Debe cumplirse, además, una consulta ambiental antes de emitirse la licencia ambiental.
Igual, el Ministerio del Ambiente debe presentar un informe completo del estado actual del Área Nacional de Recreación Quimsacocha, antes de pasar a la fase de explotación.
En ambos proyectos hay oro, plata y cobre. Son empresas internacionales las concesionarias. Han invertido cientos de millones de dólares en las fases de exploración, ahora suspendidas tras demandas interpuestas por organizaciones opositoras al extrativismo.
Para la empresa Dundee, la decisión judicial reafirma la concesión minera en Loma Larga. Es más, ha planificado la consulta como parte del desarrollo del proyecto, precisando su compromiso de implementar los más altos estándares para la protección ambiental.
Resulta decidora esa posición, aun sin saber los resultados de la consulta. Ha emprendido algunos proyectos sociales en las comunidades. No necesariamente en las involucradas en el proyecto en cuestión; pero la población suele dividirse entre promineros y antimineros, si bien las experiencias no son las mejores.
De concretarse definitivamente la suspensión, el Estado dejará de recibir grandes ingresos económicos, además de confirmarse la inseguridad jurídica para los inversionistas, sin contar con las demandas internacionales.
Tal es el argumento de quienes apoyan la minería, siempre a contracorriente de los antimineros.
