Según anticipó Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, este martes la Legislatura vota el proyecto del Ejecutivo para subir el IVA del 12 % al 15 %.
El argumento para justificar el alza es financiar el “estado de guerra interno”, declarado así para luchar contra mafias de delincuencia organizada, lideradas por el narcotráfico.
La propuesta del Ejecutivo produjo un vendaval de críticas, de contrapropuestas, cuando no de traiciones, traídas a colación por sectores políticos contrarios a la elevación de impuestos, u olvidan similar decisión cuando fueron gobierno e hicieron frente a urgencias como la del terremoto de 2016.
El proyecto pasó también por análisis económicos serios de quienes están a favor o en contra. Los argumentos esgrimidos de parte y parte lo han nutrido, comenzando, unos por considerarlo regresivo y encarecedor del costo de vida, en especial para los sectores populares; otros, por estimarlo conveniente, dada la profunda crisis fiscal, cuya solución debe ser vista como urgente, so pena de caer en bancarrota total.
También son parte de la discusión la recomendación para focalizar los subsidios a los combustibles, la contribución especial de algunos sectores económicos con grandes ganancias, incluyendo la de la banca privada, matizadas con la obligación, de parte del Gobierno, de invertir íntegramente los recursos a recaudarse en la lucha contras las mafias.
Pero más allá de lo técnico, de lo “políticamente correcto”, de dar soluciones terminantes a una crisis aguda, predomina el interés electoral sabiendo la cercanía de las elecciones.
Cuidar los votos es la premisa de ciertos bandos políticos, mientras el pueblo exige no torcer el brazo cuando el Ejecutivo ha resuelto dar guerra a esas mafias.
Esos sectores podrían, incluso, maniobrar para llegar a votaciones separadas cuyo colofón será esperar el veto parcial del Ejecutivo hasta llegar a la aprobación tácita del alza del IVA. Un “lavado de manos”.
