Con seguridad, el presidente Daniel Noboa renovará, por un mes más, el estado de excepción decretado el 9 de enero de 2024, y un día después declaró al país en “estado de guerra interno”.
Los resultados son halagadores a juzgar por el número de operaciones conjuntas efectuado por el Ejército y la Policía Nacional contra bandas criminales.
Son más de 118 mil operaciones, de las cuales 160 han sido dirigidas contra varias organizaciones calificadas como terroristas.
Noboa lo dijo: “Todavía no hemos resuelto todos los problemas, pero este estado de excepción nos ha permitido, como Gobierno, a través de las Fuerzas Armadas y la Policía, tener mayor control”.
Para los expertos en seguridad – los hay pocos por supuesto –, la ola de violencia criminal desatada por una veintena de bandas delictivas, lideradas por el narcotráfico, no requerirá de dos, tres, cuatro o nueve meses para aniquilarla, sino de algunos años, siempre y cuando el plan diseñado por el Gobierno esté debidamente planificado, con toda la logística, y además financiado.
Esa lucha será a mediano y largo plazo. No requiere únicamente del Gobierno; también de la Justicia, y de la Asamblea, si bien las pretendidas reformas al COIP están camino al archivo, pero pueden salir adelante con la consulta popular.
Entre los operativos destacan los efectuados en las diferentes cárceles. Los resultados revelan aspectos inconcebibles. Son una prueba de la corrupción enquistada en estos mal llamados centros de rehabilitación social. Han sido convertidos en centro de operaciones criminales, en suites, en bodegas de armamento sofisticado, con construcciones paralelas para albergar a algunos líderes de los grupos delictivos.
El alargue del estado de excepción se justifica, mucho más si persisten delitos como la extorsión, y aun el intento por exportar drogas.
Es más, los “capos” mayores, con ligazones políticas, deben ser capturados, sea en el país o en el extranjero.
