Quienes vieron el debate entre los candidatos a prefecto provincial del Azuay tendrán sus propias conclusiones.
Los Gobiernos Provinciales, según la Constitución, deben priorizar su acción en los sectores rurales, ejerciendo competencias en ella establecidas y en las demás leyes.
Quienes deben elegir prefecto, a la luz de ese marco legal, deberían ser los habitantes de los sectores rurales.
Pero, y no solo en el caso del Azuay, son los electores de las ciudades, incluyendo las de las cabeceras cantonales, quienes lo deciden, por ser la mayoría en el padrón electoral.
No solo es recurrente, sino hasta frase común, en muchos casos vaciado de credibilidad, hablar de las necesidades de la ruralidad azuaya.
Una de ellas es la vialidad. De los más de 5 mil kilómetros de “vías”, la mayoría a lo mucho tiene lastre y puentes de palos.
Según expusieron los candidatos, a atender esa necesidad enfocarán sus esfuerzos. Todos ofrecen asfaltar o cuando menos colocar doble tratamiento bituminoso, sin bien los cómo y de dónde quedaron flotando.
El presupuesto prorrogado para este año del GAD Provincial es de USD 68.3 millones, incluyendo un crédito reciente del BEDE.
A todas luces, un presupuesto escaso, dependiente del Gobierno central, mucho más si hay otras competencias como las de riego y drenaje, desarrollo económico y gestión ambiental. Y ahora, hasta de fomentar acciones para prevenir, sancionar y reparar a las víctimas de la violencia. Sobre esto último, nadie discute su valía, clamor y urgencia; pero ¿hasta para eso los prefectos?
Nadie osa hablar de crear tasas para recuperar algo de las inversiones, de nuevos modelos de
gestión, de impulsar la regionalización; de políticas para frenar la emigración cuya prevalencia vacía la ruralidad azuaya.
A preguntas cerradas, respuestas poco convincentes si se las juzga con el peso de la realidad, en especial la económica. ¿Cuál es la reacción de quienes viven en los sectores rurales?
