Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, tendrán más recursos económicos para resolver, cuando menos en parte, las siempre postergadas necesidades de sus respectivas comunidades.
En 1989 el Gobierno promulgó la Ley 047. Establecía la asignación del 5 % de la facturación por venta de energía a las empresas eléctricas, a cargo, en aquella época, del ahora desaparecido INECEL.
Fue una forma de retribuir a las citadas provincias en cuyos territorios se emplazaron varias centrales hidroeléctricas.
La Asamblea Nacional acaba de aprobar el proyecto de reformas a dicha Ley. En buena hora.
Los GAD, en particular las Juntas Parroquiales Rurales, tendrán dinero para “ejecutar acciones en el marco de sus competencias para fortalecer el desarrollo integral de sus territorios”.
En el Presupuesto General del Estado se determinarán asignaciones equivalentes al 5 % de la facturación por la venta de energía a las empresas eléctricas. Lo hará la Celec EP, bajo cuya responsabilidad están las centrales de Paute, Pucará y Agoyán.
Según las reformas, el 60 % de los recursos, en partes iguales será transferido a los GAD municipales de Azuay, Cañar y Morona Santiago. La diferencia, y bajo el mismo parámetro, a los GAD parroquiales, estableciendo, además, los porcentajes a invertirse y en qué.
Entre las obras destacan las de infraestructura vial, gestión y saneamiento ambiental, forestación y reforestación. Son, sin duda, de vital importancia, dada la precariedad de las vías, ni se diga en los sectores rurales, donde, además, es imperativa la preservación de los recursos hídricos.
Ojalá no se repita el calvario sufrido con la Ley original, cuando víctima de la pesada burocracia del Ministerio de Finanzas los recursos se acumulaban durante meses y años, y al momento de la liquidación quedaba debiendo.
La entrega oportuna y completa de los recursos es vital para la consecución de los objetivos previstos en las reformas.
