El Salvador cumple este lunes 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil (1980-1992), sin actos oficiales y con advertencias de retrocesos por parte de la exguerrilla.
Por cuarto año consecutivo, el Ejecutivo de Nayib Bukele no conmemoró los acuerdos firmados en Chapultepec, México, entre el Gobierno de Alfredo Cristiani y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), ahora partido de oposición.
El mandatario, que fue parte de las filas del FMLN al gobernar en la localidad de Nuevo Cuscatlán y la capital San Salvador, ha calificado estos acuerdos, que fueron acompañados por la ONU, de «farsa».
En la víspera de dicha fecha, cientos de personas marcharon por las principales calles de San Salvador para conmemorar el acontecimiento histórico y manifestarse en contra del Gobierno de Bukele, al que señalaron de «dictador».
EXGUERRILLA ADVIERTE RETROCESOS
El secretario general del FMLN y exvicepresidente, Óscar Ortiz, advirtió hoy en un acto que reunió a poco menos de 100 personas que «no hay evento más importante» en la historia reciente de El Salvador que la firma de la paz.
«Si no tenemos cuidado. El Salvador puede volver al pasado, puede volver a una era autoritaria, puede consolidarse como un nuevo país en dictadura», señaló Ortiz, también exguerrillero.
Recalcó que las «señales reiteradas nos dicen que podemos volver a una noche oscura, que puede ser larga».
Destacó que la firma de la paz entre el FMLN y el Gobierno de la época sirvió para «el desmontaje de la locura» de las violaciones de los derechos humanos y «dar paso a la esperanza».
«No creo que en el país tengamos que volver a un estado de persecución, de represión, de militarización, donde nuevamente se quiera imponer la censura y callar voces», indicó.
Karina Sosa, diputada del Parlamento Centroamericano por el FMLN y excandidata a la Vicepresidencia, dijo que se quiere «borrar de tajo ese recuerdo» de los Acuerdos de Paz.
Advirtió que «están queriendo callar voces» de la oposición y que ese es «uno de los más claros ejemplos de los retrocesos» que, a su juicio, vive El Salvador.
Esta conmemoración se da cuando El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, aprobado por el Congreso a petición del Gobierno de Bukele a finales de marzo pasado tras una escalada de asesinatos atribuidos a las pandillas.
Organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recabado más de 7.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
VICEPRESIDENTE TILDA DE «ESTAFA» LOS ACUERDOS
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró este lunes que los Acuerdos de Paz «terminaron en estafa» y que no piensa «ni que hay que conmemorarlos, ni hay que honrarlos».
«La firma de los Acuerdos de Paz nos generó mucha esperanza, mucha espectativa, pero nos fuimos decepcionando cada año hasta llegar a la triste realidad que el pueblo dijo hay que cerrar esta etapa, olvidemos eso, nos estafaron», señaló el vicepresidente en una entrevista en un canal local.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó en enero de 2022 un decreto para declarar el 16 de enero como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Sin embargo, tampoco se ha organizado un evento oficial para recordar a las víctimas.
La guerra civil (1980-1992) enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido político de oposición.
El conflicto armado se saldó con unas 75.000 personas muertas, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres. Tras una amnistía declarada en 1993, pasó más de dos décadas sin que los crímenes de guerra se pudieran juzgar.
Una sentencia de 2016 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) permitió la reapertura de varios procesos por delitos de lesa humanidad, sin que se tengan mayores avances. (I)
