Un total de 5.497 personas privadas de la libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada votan este jueves 2 de febrero de 2023, en las elecciones seccionales de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), y en la consulta popular.
Del total de PPL sin sentencia, 5.174 son hombres y 323, mujeres, para quienes se han instalado sesenta juntas receptoras del voto (JRC) en diferentes centros penitenciarios del país.
Más de 2.500 militares integran dispositivos de seguridad en los exteriores de los centros penitenciarios y alrededor de 1.570 policías contribuyen con la seguridad del material electoral.
#Elecciones2023Ec I La mañana de este jueves arrancó el proceso electoral en #Azuay con las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria. Son 79 hombres y 9 mujeres registrados para el sufragio 👇 pic.twitter.com/2imzVugHco
— Diario El Mercurio (@elmercurioec) February 2, 2023
En el interior de los centros penitenciarios, las JRV están integradas por tres miembros designados por la junta provincial electoral, dos servidores electorales, quienes actúan como presidente y secretario, y un elector privado de la libertad inscrito en el padrón electoral, que se desempeña como vocal.
Proceso de votación
El director del centro de privación de libertad entregará al coordinador electoral las cédulas o pasaportes originales de los internos que vayan a sufragar.
Posteriormente, los miembros de las juntas entregarán a los electores las papeletas de votación y tras firmar el padrón electoral, los certificados de votación deberán ser entregados al coordinador electoral.
Finalizada la fase de votación se sellarán las urnas y se trasladará inmediatamente el paquete electoral al centro de procesamiento electoral con la custodia y resguardo de las Fuerzas Armadas para que sean procesados el próximo domingo, explicó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, al inaugurar el voto de los PPL en una ceremonia que comenzó a las 06.30.
Discurso Diana Atamaint
En su discurso, Atamaint indicó que ese sufragio «constituye un hecho concreto que ratifica el compromiso de Ecuador con la garantía de los derechos de participación pero, sobre todo, de inclusión«.
Como @cnegobec cumplimos con el objetivo de que la ciudadanía, en goce de sus derechos de participación, accedan al sufragio sin restricción. Al finalizar el #VotoPPL, las urnas serán selladas y trasladadas al CPE, en compañía de @FFAAECUADOR, para su escrutinio el día domingo. pic.twitter.com/t0MWkUrZAE
— Diana Atamaint (@DianaAtamaint) February 2, 2023
«A través de este compromiso, promovemos la expresión política de las personas privadas de la libertad, avanzando un paso más en este anhelo de que todos los ecuatorianos y ecuatorianas decidan y se involucren en la vida democrática del país», comentó al dar inicio al proceso electoral.
Dicho proceso continuará mañana con el voto en casa para personas con discapacidad inscritas, y seguirá el domingo con el voto obligatorio del resto de la población mayor de 18 años y opcional aquellos desde los 16 años, para la tercera edad, los militares y policías.
Observadores
A escala nacional, habrá observadores nacionales y también se desplegarán Misiones de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y Transparencia Electoral, Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).
Además, del Parlamento Andino, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A -WEB).
Durante la jornada electoral, los observadores internacionales portarán una credencial de color azul, para que puedan ser distinguidos de los demás actores que formarán parte del proceso.
El próximo 5 de febrero están llamados a las urnas unos 13,4 millones de ecuatorianos para elegir a 23 prefectos de provincia, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y 7 consejeros del Cpccs.
También se votará el referéndum impulsado por el Gobierno para modificar la Constitución en materia de seguridad, instituciones, democracia y medioambiente. EFE
