La Fiscalía General del Estado alertó ayer sobre el retiro de policías asignados al Ministerio Público para colaborar con las investigaciones y advirtió de que ello supondría una eventual «intromisión en la justicia», aunque la institución del orden dijo que obedecía a una rotación de rutina.
La Fiscalía, mediante un comunicado, indicó que la Dirección de Talento Humano de la Policía «ha dispuesto el traslado temporal de todo equipo operacional de investigación» que trabaja en el Ministerio Público y que asciende a 37 agentes.
La Policía, en otro comunicado, respondió que esa situación obedece a una rotación prevista que se opera en otras entidades como la Presidencia, la Asamblea Nacional (Parlamento), la Corte Nacional de Justicia y en varias provincias.
Además, aseguró que el nuevo personal asignado a la Fiscalía cumple con los requisitos de confianza y con capacitación en procesos de investigación.
Sin embargo, para la Fiscalía «estas medidas significan una clara intromisión en la justicia, pues limitarán el trabajo que de manera independientes ha venido realizando la FGE en materia de derechos humanos», como en casos de presuntos delitos de lesa humanidad «o posibles hechos de corrupción».
Mencionó casos que investiga sobre muertes en los que se sospecha ejecuciones extralegales como los conocidos como «Gabela» o «Bernal», sobre la muerte de un excomandante de la Fuerza Aérea o la de una abogada en un recinto policial.
Asimismo mencionó casos de presunta corrupción como «Encuentro», «Pandora Papers» o «Petroecuador», que salpican incluso al presidente de la República, el conservador Guillermo Lasso, y gente de su entorno cercano.
Según el texto de la Fiscalía, la Policía aparentemente quiere imponer personal que «no tiene experiencia específica en el ámbito penal, no ha pasado pruebas de confianza y deberá incorporarse desde cero a procesos investigativos que están en marcha y presentan avances importantes».
Por ello, insistió en su «alerta al país sobre estas acciones lesivas a su institucionalidad y responsabiliza directamente al Estado por la seguridad de su máxima autoridad (la fiscal Diana Salazar) y de su familia».
Además, dijo que este tipo de situaciones pone «en riesgo la permanencia (en el país) de las personas investigadas» en casos de corrupción, como lo había advertido una comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso «Encuentro», y cuya vigilancia corresponde a la Policía.
Justamente, en el caso «Petroecuador», esa empresa petrolera estatal anunció este sábado que ha encargado la gerencia general a María Elisa Soledispa, en lugar de Hugo Aguiar, quien dimitió la víspera tras ser salpicado por una denuncia de supuesta corrupción en la entidad.
La renunciad de Aguiar se dio después de que la Fiscalíía allanara su domicilio por el caso «Petroecuador», investigado desde agosto de 2022 por el delito de concusión o exigencias de pagos indebidos.
También allanó los domicilios del antecesor de Aguiar, Ítalo Cedeño, así como del asesor César Pazmiño, entre otros.
Todos ellos también figuran en la investigación del caso «Encuentro», un escándalo de supuesta corrupción que involucra a altas autoridades del Gobierno del presidente Lasso.
En el caso «Encuentro» también ha sido mencionado un cuñado de Lasso, Danilo Carrera, a quien se le ha acusado de ser el «padrino» del entramado de corrupción, aunque ambos han negado enfáticamente esas sospechas. EFE
