La Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). El proyecto unifica 14 iniciativas parlamentarias, contempla más de 45 modificaciones normativas y cambia las reglas sobre la presencia de las autoridades, la rendición de cuentas, la transparencia administrativa y la continuidad de la gestión en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Según los legisladores, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar un marco jurídico que, en los últimos años, evidenció profundos vacíos institucionales frente a crisis políticas locales, licencias indefinidas, ausencias por procesos judiciales, paralizaciones injustificadas de obras y fallas en los mecanismos de fiscalización.

Ausencia de autoridades

Uno de los ejes de la reforma aborda la continuidad de la gestión y la presencia territorial de las autoridades locales. La nueva disposición establece que, cuando la ausencia temporal de gobernadores regionales, prefectos, alcaldes, alcaldes metropolitanos o presidentes de juntas parroquiales rurales supere los 90 días continuos, se convertirá en ausencia definitiva por ministerio de la ley, sin necesidad de una resolución previa del consejo provincial, el concejo municipal o la junta parroquial.

Un elemento determinante del articulado es que las actuaciones realizadas por medios telemáticos o a distancia no interrumpen el cómputo de ese plazo. Con esta decisión, el Legislativo busca poner fin a la práctica de ejercer mandatos ejecutivos a distancia de forma indefinida y garantizar que las autoridades mantengan una presencia física y operativa en sus territorios.

El Pleno introdujo una excepción: la pérdida del cargo no se aplicará cuando la ausencia presencial responda a medidas de protección dictadas por una autoridad judicial competente ante un peligro inminente contra la vida o la integridad física.

Por el principio de irretroactividad, la norma no afectará a situaciones anteriores a su entrada en vigencia.

Continuidad de obras

Para evitar desfases presupuestarios y el abandono de proyectos por disputas políticas entre administraciones salientes y entrantes, la reforma incorpora como causal de remoción la paralización, el abandono o la falta injustificada de continuidad de obras públicas con contratos vigentes o en ejecución.

Los alcaldes y prefectos estarán obligados a garantizar la continuidad técnica, financiera y legal de los proyectos pendientes, salvo que exista un dictamen técnico que justifique su liquidación.

Fiscalización

La reforma amplía las facultades de fiscalización de los concejales y consejeros provinciales sobre las empresas públicas municipales y las fundaciones dependientes de los GAD. También los faculta para exigir información documental a cualquier departamento, con plazos obligatorios de respuesta.

Además, establece para ellos una jornada presencial obligatoria de 40 horas semanales, con el fin de evitar que su presencia se limite a los días de sesión.

El proyecto también prioriza la reactivación económica al establecer que al menos el 80 % de la mano de obra y los servicios contratados para obras seccionales pertenezcan a la localidad. El documento fue remitido al Ejecutivo para su sanción o veto dentro del plazo constitucional.

Una reforma con alcaldes presos

La reforma se aprueba en un contexto marcado por investigaciones judiciales contra varios alcaldes en funciones, detenidos y procesados por presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado y delincuencia organizada.

Los casos de Aquiles Alvarez, en Guayaquil; Vicko Villacís, en Esmeraldas; y Darío Macas, en Machala, así como los procesos contra Alfonso Montalván, en Vinces, y René Castillo, en El Tambo, expusieron la paradoja institucional de autoridades que intentan despachar o asistir a sesiones de concejo desde la cárcel.

Al no ser retroactiva, la nueva norma no se aplicará a estos casos, en los que todavía se esperan resoluciones judiciales.

Antes de publicar, confirma dos cosas. La primera es el caso de René Castillo, porque no encontré qué delito se le imputa. La segunda son las cifras de 14 iniciativas, 45 modificaciones y 80 % de mano de obra local, que no pude verificar. Además, al nombrar el peculado sin mencionar a José Arroyo, de Pujilí, ese delito queda sin un caso en la lista. Puedes añadirlo a él o quitar «peculado». (I)