¿A usted le parece que el país vive momentos nunca antes vistos, en los cuales hay personas o asociaciones armadas que han puesto en terror a la población por actos que ponen en peligro la vida, integridad física y libertad a través de medios que causan estragos, en especial con la colocación o detonación de artefactos explosivos en lugares públicos para generar lesiones o muerte?
Si su respuesta es sí, entonces reconoce que el país se encuentra en una forma de ataque terrorista de conformidad con la Ley. Tomando sentido y forma el Decreto presidencial Nro. 730 que se emitiera en los últimos días.
Las Fuerzas Armadas, de conformidad con el artículo 158 de la Constitución, tienen el deber de defender la soberanía ecuatoriana. Aprendamos. La soberanía desde el Derecho Constitucional y la Ciencia Política -esta última hay que saber- tiene dos dimensiones: independencia, respecto a poderes externos o internacionales que quieran subyugar al Estado; y supremacía, en relación a poderes hacia el interior, es decir adentro, que quieran someter o condicionar al Estado. Consiguientemente, en el contexto ecuatoriano, el terrorismo supone una afección a la soberanía en su dimensión de supremacía. Aquí adentro. En el interior del país. Está fácil. Claramente, el Ejército debe actuar.
El Decreto viene en un tiempo de incertidumbre y dolor por la inseguridad del país. Entiendo que su sentido contiene además legitimidad. Dispone que las Fuerzas Armadas actúen para reprimir la amenaza terrorista con todos los medios que tenga a su disposición en respeto al ordenamiento jurídico.
También el Decreto tiene una habilidad escondida. En una de su ratio legis (razones del Decreto) señala, citando a un dictamen de la Corte Constitucional, que el momento que vive el país de desbordamiento de fenómenos delincuenciales, violencia y subida exponencial de la criminalidad genera conmoción interna. Conmoción interna, que, a propósito, está configurada como parte de una causal para decretar una eventual muerte cruzada (disolución de la Asamblea y elecciones anticipadas de presidente). Como se ve, nada está dicho y todo es posible, todas las variables y opciones, o al menos, todas las herramientas constitucionales juegan en el escenario político jurídico actual.
