El juicio político al Presidente Guillermo Lasso, por su presunta responsabilidad política en un caso de peculado que se habría cometido en la empresa pública FLOPEC, finalmente fu aprobado con 88 votos por el plano de la Asamblea Nacional
Sin embargo, como habíamos previsto en un análisis anterior, previamente desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se dio un intento, por parte del presidente de la misma, para entrampar y deslegitimar el proceso, al no permitir que sean los asambleístas de dicha Comisión los que aprueben un informe recomendando el juicio y forzar más bien a que se vote por un informe de los asesores que recomendaba su archivo; situación esta última que al no ocurrir llevaría a construir el relato de un supuesto “vacío legal” que supuestamente invalidaría el proceso de juicio
En todo caso, al tenor del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el juicio ha sido aprobado, así como en su momento recibió la aprobación en base a un dictamen por parte del máximo Tribunal en materia constitucional del país (La Corte Constitucional).
De esta manera el Presidente de la República, en el marco del debido proceso, tendrá la oportunidad de comparecer en el pleno de la Asamblea y demostrar con argumentos su afirmación de falta de pruebas en el caso del que se le acusa; también los interpelantes tendrán el espacio para demostrar con pruebas su acusación sobre la responsabilidad política del Presidente Lasso en las irregularidades en FLOPEC. Es esta, por tanto, la forma en la que, en el marco del respecto a la institucionalidad democrática, y al rol de control político que le cupe ejercer al órgano Legislativo, debe resolverse el juicio político al Presidente; un juicio que, por lo demás, es muy común en la vida política de países con una madurez republicana y democrática.
Lo que está mal, para una sana institucionalidad democrática, es que las cosas se pretendan resolver con maniobras o leguleyadas de última hora, con amenazas, o incluso con la compra de votos a cambio de prebendas o cargos públicos. La población no debería ser indiferente a lo que pueda pasar, pues cualquier decisión política que al final se tome puede afectar a la posibilidad de que su situación actual empeore o mejore. (O)
