La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada este 6 de junio de 2023 por la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, como parte de la investigación preliminar que se ha abierto por las decenas de muertes que se produjeron en su país durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre a marzo pasado.
En la diligencia por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, la fiscal general estuvo asistida por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, que investiga los casos abiertos contra altos funcionarios del Estado.
Boluarte respondió durante unas tres horas en la sede principal de la Fiscalía de la Nación, a donde ingresó y luego abandonó sin ofrecer ningún pronunciamiento, salvo unas declaraciones de su abogado, Joseph Campos.
El abogado sostuvo en el Canal N de televisión que Boluarte ahora espera ser excluida de las investigaciones y que no respondió a las preguntas hechas «por quien no corresponde», en referencia a la prerrogativa presidencial que indica que solo podía ser interrogada por la fiscal general.
«El compromiso que asumimos de responderle todas las preguntas al Ministerio Público ocurrió, porque así lo dispone la ley, y ahora tenemos la expectativa de que, habiendo ocurrido esto, ahora podamos tener lo que corresponde, que es la exclusión de la presidenta de la República de esta investigación», sostuvo Campos.
Además de ello, consideró «importante» la diligencia fiscal y dijo que «se desarrolló en el marco de algo que hace mucho no se ve: una relación respetuosa entre las autoridades democráticas».
Campos cuestionó, sin embargo, que exista una investigación preliminar por el delito de genocidio contra la gobernante, algo que aseguró que no tiene «ningún sentido», pero sí un «efecto deteriorante» mientras se mantenga vigente.
En esta investigación también se ha incluido al primer ministro, Alberto Otárola; a su antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, así como al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las manifestaciones dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas siete haitianos, perdieron la vida por acciones de protesta como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Perú. EFE
