Se publicó en el Registro Oficial la Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Por lo tanto, están vigentes las reformas económicas propuestas por el presidente Guillermo Lasso.
Según el gobernante, con esa norma unos USD 195 millones se quedarán en los bolsillos de los ecuatorianos, en especial de la clase media, la principal golpeada económicamente con la ley anterior.
A la par, el Fisco no recibirá esos recursos; igual los provenientes de la reducción del 2 % del Impuesto a la Salida de Divisas, calculados en USD 450 millones.
Todo eso, justo cuando la economía del país no anda tan bien y entramos, de sopetón, en un año electoral, sólo para elegir Presidente de la República para año y medio.
La mentada Ley –reformas, más bien- implica ocho cambios para los contribuyentes. Entre ellos, el incremento de gastos deducibles cuando calculen el Impuesto a la Renta (IR) de acuerdo a sus cargas familiares.
También se ajusta la tabla de pago del IR; es decir, mejoran los rangos de ingresos. Incluso, en varios casos, el valor a tributar será de cero dólares.
Otros deducibles son los relacionados a la manutención de mascotas y por enfermedades catastróficas.
Asimismo, los beneficiarios son los negocios populares y microempresarios, tras considerarse como inconstitucional el IR aplicado antes por no ser progresivo.
Se creará un régimen especial para los negocios de pronósticos deportivos, y se grava con una tarifa del 12 % del IVA a los espectáculos públicos.
La vigencia de la ley, pospuesta varias veces en la Asamblea, se da por resolución de la Corte Constitucional tras la disolución del Legislativo.
Si bien parcial, es el principal logro del Gobierno en tiempos de transición. El otro proyecto encaminado a promover zonas francas no pasó en la CC, por no ser, para sus jueces, de “urgencia económica” para el país.
Esa fría interpretación de la ley no se compadece con la realidad del Ecuador, urgido de oportunidades de trabajo y de inversión.
