La consulta popular que se celebrará el 20 de agosto en el país para prohibir la extracción de petróleo del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), ubicado en el Parque Nacional Yasuní, cuenta con la oposición de al menos dos de las siete comunidades indígenas del área de influencia de la explotación, en la Amazonía ecuatoriana.
La consulta fue promovida por el colectivo ambientalista Yasunidos, que considera que la explotación afecta al patrimonio natural del Yasuní, una de las joyas mundiales de la biodiversidad, y pone en riesgo a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que habitan en las cercanías.
Por ello, luego de una batalla legal de diez años para que se aprobase la consulta, los ecuatorianos votarán si quieren detener la producción del Bloque 43-ITT, el cuarto más productivo del país con 55.000 barriles al día, que supone el 11 % de la producción nacional, y dejar indefinidamente sus grandes reservas bajo el suelo, cuyos beneficios están valorados por la petrolera estatal Petroecuador en casi 14.000 millones de dólares.
«Sí a la explotación, porque nos ha dado desarrollo, salud y educación», indicó en declaraciones a periodistas Lauro Papa, uno de los portavoces de la comunidad Boca Tiputini, perteneciente el pueblo indígena kichwa, que no comparte la visión de los promotores del plebiscito.
Asamblea
Por ello, el 30 de junio está previsto que se realice en la comunidad de Boca Tiputini una asamblea con las dieciséis comunidades del pueblo kichwa que habitan en el cantón Aguarico, donde se encuentra el ITT, para manifestar su respaldo al «No».
«Nos reuniremos para decirles a los ecuatorianos que tener el petróleo bajo tierra no es lo responsable, porque afecta a todos los ecuatorianos», afirmó Papa.
«Responsabilidad ambiental»
El vecino de Boca Tiputini afirmó que, desde que comenzó la producción de petróleo en el año 2016, la relación con Petroecuador ha sido cordial al establecerse convenios de compensación con las comunidades, con programas de empleo, salud, educación e infraestructura.
«En lo ambiental, siempre ha sido sano y ha habido responsabilidad por parte de la petrolera. Hasta el momento no hemos tenido ninguna contaminación dentro de nuestro territorio», apuntó Papa.
«Nosotros estamos indignados como cantón Aguarico por que se tomen nuestro nombre, cuando siempre hemos cuidado el medio ambiente. Hemos palpado la realidad del cuidado ambiental que se tiene. Por eso nosotros ponemos la cara», apostilló.
En la misma línea se pronunció Mary Grefa, otra vocera de Boca Tiputini, quien negó que exista división entre los habitantes de su comunidad.
«Todas las comunas del cantón estamos en desacuerdo con que el petróleo se quede bajo tierra. Si no, ¿en qué vamos a quedar nosotros? En nada», respondió la mujer.
«A nosotros nos vienen diciendo que no se siga explotando, pero nosotros no estamos de acuerdo. Gracias a la empresa, nosotros tenemos todo», continuó.
«Queremos que siga la explotación»
Por su parte, Panenky Ohe Huabe, presidente de la comunidad de Kawymeno, perteneciente al pueblo indígena waorani, recriminó al colectivo Yasunidos no haber estado en el lugar cuando se hizo la consulta previa en las comunidades de la zona para aprobar el ingreso de la petrolera.
«Como dueño del Bloque 43, queremos que siga la explotación, porque nosotros vivimos de eso. Si ellos quieren conversar, que vengan», señaló Huabe a periodistas que visitaron la zona de influencia del ITT, entre los que estaba EFE.
Huabe también se refirió al presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), Juan Bay, por sostener una postura contraria a la de la comunidad Kawymeno y defender en conferencias internacionales el fin de la industria petrolera.
El presidente de Kawymeno también coincidió en destacar el cuidado ambiental de la operación y afirmar que nunca ha visto «regaderos» (derrames) de crudo.
Por ello retó a los promotores de la consulta a hacer un plebiscito para prohibir la explotación de petróleo en toda la Amazonía y no sólo en el ITT.
De ganar el «Sí» en la consulta, Petroecuador debería abandonar el Bloque 43-ITT en el plazo de un año, lo que haría al Estado ecuatoriano perder unos beneficios anuales de 1.200 millones de dólares al año por la venta de este crudo, según datos de la misma compañía. EFE
