Hace un año, Juan Carlos C.R. se presentó ante un juez para pedir que se le permitiera salir de la cárcel tras cumplir apenas dos de los 10 años de prisión a los que fue sentenciado por tráfico de drogas.
Ese tiempo, según él, literalmente terminó por hincharle los testículos, razón que presentó como argumento válido para volver a su casa.
El informe judicial detalla que, el día de la audiencia, debido al “enorme malestar” que Juan Carlos decía tener, pidió ser trasladado en el balde de una camioneta y no en un vehículo tipo celda que se usa para estos casos.
Cuando llegó a la Corte, tardó casi una hora en caminar desde la calle hasta la sala del juzgado. Ahí, el abogado alegó que su defendido no estaba “fingiendo”, mientras que el médico que fue requerido por el juez para evaluar al preso, aseguró que se trataba de “una tomadura de pelo”, según recoge el expediente del caso.
Dicho documento judicial confirma que, horas antes de la audiencia, Juan Carlos tuvo que acercarse al médico de la prisión para ser revisado y, pese a la supuesta dolencia, caminó “sin ninguna falla en su marcha”.
En el juicio, otro doctor volvió a revisar al preso y dictaminó que “médicamente” no había encontrado “nada”.
Sin embargo, para el juez, la palabra del preso valió más que la de los médicos y ordenó su traslado a un hospital y luego a su casa bajo la figura de arresto domiciliario hasta que la molestia se le pasara. Juan Carlos salió de la cárcel en abril del 2022 y no ha vuelto a estar tras las rejas desde entonces.
No es un caso aislado, 241 presos han salido de la cárcel en Ecuador entre enero de 2022 y marzo de 2023. En todos los casos se han alegado enfermedades o condiciones de riesgo que no se probaron en audiencia, pero que terminaron conmoviendo a los jueces.
Las excarcelaciones se dieron a través de la aplicación del hábeas corpus, un recurso judicial que permite la salida de presos cuando la privación de su libertad sea ilegal, arbitraria, ilegítima o se sienta amenazada su vida o integridad.
De los casos analizados para este trabajo periodístico, se encontraron 65 procesos en los que la palabra de los presos bastó para que salieran de la cárcel ya que, según los expedientes, los jueces no solicitaron un certificado médico o la valoración de un profesional de la salud para saber si los detenidos mentían o no.
Como ocurrió con Juan Carlos, de los 80 casos en que sí hubo participación de médicos, los testimonios de los doctores no fueron tomados en cuenta.
Por otro lado, en los 121 casos restantes, el hábeas corpus se otorgó por causas que incluyen peticiones de terceros, liberaciones masivas o presuntos errores de los administradores de justicia.
Incluso, se llegaron a argumentar problemas de falta de sueño de los presos, esto a pesar de que los sujetos estaban sentenciados por delitos no considerados menores.
Un ejemplo de esto es el caso de Luis G. L., condenado a 22 años de cárcel en 2018 por intentar matar a un hombre y a su hijo menor de edad, en la zona periurbana de Guayaquil, bajo la modalidad de sicariato.
Cuatro años después, en abril de 2022, salió de la cárcel con arresto domiciliario porque, según el testimonio de su mamá, en las noches el preso lloraba y no podía dormir, no porque su conciencia le pesara, sino porque le incomodaban sus hemorroides.
“Le han hecho exámenes, pero no hay especialistas, tiene dolores en la noche y hasta llora, pide por favor que lo ayuden porque la verdad ha pasado mucho tiempo así (…) no está bien porque trata de sobrevivir pues. Haya hecho lo que haya hecho tiene derecho de la salud”, dijo la madre del preso en la audiencia de hábeas corpus, según los expedientes del juicio.
De acuerdo con el expediente, días antes de pedir su salida de la cárcel, Luis fue trasladado al Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil, donde “personal de salud manifestó que no amerita ingreso”.
Es decir, no había ninguna necesidad de que abandonara la cárcel para tratar sus hemorroides, bastaba con que le aplicaran una crema para dormir tranquilo.
El juez, no obstante, dictaminó que las hemorroides no eran cosa de una crema por las noches. Así, ordenó, por pedido del abogado de Luis, arresto domiciliario hasta que en la cárcel hubiera un especialista en enfermedades del recto y el ano.
Es más, no siempre el arresto domiciliario implica que haya un policía vigilando permanentemente al sentenciado. De acuerdo con el COIP, la medida puede “ser reemplazada por vigilancia policial periódica y obligatoriamente se deberá disponer el uso del dispositivo de vigilancia electrónica” –es decir, uso del grillete– y visitas de los policías un par de veces por semana.
Según datos proporcionados por el Ministerio del Interior hay 1.100 miembros de la Policía Nacional destinados en promedio a esta labor. Además, según la misma fuente, mantener esta vigilancia le cuesta al Ecuador alrededor de un millón de dólares mensuales.
Alexandra Vallejo, presidenta de la Corte Provincial del Justicia del Azuay, sostiene que en el último año se ha dado un “uso y abuso” del hábeas corpus.
“Una persona que esté siendo vulnerada en su integridad física, psicológica o sexual no necesariamente debe recibir la libertad, se puede disponer el cambio de cárcel, que el centro de privación de libertad se ocupe de trasladarlo a centros de salud, pero no más de eso”, confirma.
Aunque los presos alegan que la deficiencia en el servicio médico de las cárceles les obliga a pedir su salida de prisión para acceder a la salud, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó mediante un comunicado que no faltan centros médicos en las cárceles.
De hecho, hay 47 Centros de Salud distribuidos en 36 Centros de Privación de Libertad y Centros de Adolescentes Infractores. O sea, existe más de un policlínico por presidio.
También hay un abastecimiento de medicinas del 74% y de dispositivos médicos del 75%, afirma el documento. En comparación, señala el informe de necesidad de septiembre del 2022 del MSP, los hospitales públicos más grandes de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo tienen un abastecimiento de medicamentos “menor al 70%”.
Los jueces también han permitido liberaciones por problemas estomacales, dolores de cabeza, fiebre, manchas en la cara, depresión, ansiedad o falta de sueño de los presos, por falta de especialistas.
El MSP informa, por su parte, que existen 58 médicos generales, 30 médicos familiares, 52 enfermeras, 43 psicólogos, 12 obstetrices y 46 odontólogos destinados a la atención de los presos.
La infraestructura médica, de acuerdo con el Ministerio de Salud, también es suficiente para atender problemas de salud que no revisten gravedad.
Asimismo, el valor presupuestado para la salud de los presos en el 2022 fue de 10,8 millones de dólares según cifras del Gobierno Nacional.
Pese a esto, las excarcelaciones se siguen dando por dolencias como sarpullido, diarrea, insomnio, hemorroides o, como en el caso de Juan Carlos, porque ya tienen hinchados los testículos de estar en la cárcel.
Los jueces bajo la lupa
En 2017 se registró, en Cuenca, el femicidio de Cristina Palacio, un hecho que provocó marchas y manifestaciones contra la violencia a la mujer. El autor confeso del crimen, Carlos Flores, fue sentenciado ese mismo año a casi cuatro décadas de cárcel.
Tiempo después, Flores promovió un juicio en el que alegó tener VIH, leucemia, depresión y ansiedad, sin presentar certificados médicos que avalaran sus enfermedades. Aun así, el 2 de marzo de 2023, una jueza lo liberó.
Las leyes de Ecuador prohíben la salida de la cárcel de presos detenidos por delitos que hayan provocado conmoción social, pero la jueza dijo desconocer la razón por la que Flores estaba detenido.
El juicio se desarrolló en Montecristi, a 375 kilómetros de Cuenca y sin que nadie se enterara del veredicto hasta que la orden estuvo dada.
No fue sino hasta que el caso se hizo público que la Presidencia de la República repudió la liberación de Flores. Entonces, la jueza a cargo se vio obligada a revertir la orden de excarcelación, pero ya era tarde: Flores había desaparecido sin dejar rastro. Por ello, desde el 7 de junio está en la lista de los más buscados del Ecuador.
Para Sonia Salamea, madre de Cristina Palacio, esta liberación le ha significado una tortura provocada por la justicia ecuatoriana. “Hemos sufrido, hemos luchado, hemos peleado tanto. ¿Para qué? No hay justicia para mi hija”, dice con dolor y rabia.
La salida de presos de la cárcel a través de hábeas corpus es un problema que se le está saliendo de las manos al Estado, acepta Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia.
“Tenemos estadísticas de que desde el 2014 se incrementó el número de este tipo de garantías. Hay un abuso y una desnaturalización y no puede ser así. Ha habido actos irregulares en esta materia. Hay que decirlo, pero también hay que corregir”, sostiene.
Los órganos de control también están al tanto de los problemas en la aplicación de la justicia en Ecuador. Este año, la Contraloría General del Estado revisó 30 declaraciones juramentadas de jueces, de las que 10 presentan inconsistencias.
La Fiscalía ya investiga estos casos junto con los de otros 39 jueces a nivel nacional por los presuntos delitos de prevaricato, peculado, perjurio, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
Todos esos casos se encuentran en etapa de investigación y bajo reserva, por lo que la información sobre si están directamente relacionados con liberaciones de presos bajo el recurso de hábeas corpus se mantiene bajo sigilo.
El Consejo de la Judicatura, que administra a la Función Judicial, se ha sumado a las investigaciones. Wilman Terán, presidente del organismo, informó que en lo que va de 2023 ha desvinculado a 24 magistrados, mientras que en 2022 sus antecesores habían expulsado de los juzgados a 29 más, “por temas de corrupción”, relacionados a la salida de presos de la cárcel.
Estas cifras no son alentadoras, ya que en 2022 se registraron 217 solicitudes para separar a jueces por errores inexcusables derivados de la aplicación de hábeas corpus y otras medidas cautelares. Al haber solo 29 expulsados de 217 procesados el índice de sanciones llega apenas al 13,3%.
Esto sucede en parte porque en Ecuador una resolución de la Corte Constitucional del 11 de septiembre de 2018 prohibía que los jueces fueran juzgados por prevaricato cuando sus decisiones correspondan a un hábeas corpus o una acción constitucional de protección. Es decir, en estos casos, si emiten fallos contra lo que dice la ley, no son sujetos a sanción.
Saquicela indicó que, desde abril de 2022, viene pidiendo a la Corte Constitucional que cambie esta normativa, pero recién el 9 de junio del 2023 el organismo decidió levantar la excepción y dar paso a que los jueces ya puedan ser juzgados cuando liberen presos vía hábeas corpus. La pena puede ser de hasta cinco años de cárcel.
La Corte Nacional de Justicia también ha hecho otros pedidos a la Corte Constitucional, entre ellos que el hábeas corpus solo pueda emitirse en el cantón donde se dio el delito por el que el detenido sea condenado y no en cualquier juzgado del país, como sucede en la actualidad.
Los casos de salida de la cárcel por hábeas corpus en lugares apartados del sitio donde se dio el crimen existen, aunque no son la mayoría.
Uno de ellos es el de Noé Salcedo Bonilla, quien, en febrero de 2023, fue procesado por ventas de insumos médicos con sobreprecio al Estado.
Él logró que se le trasladara desde la cárcel de Machala a una clínica privada para “una cita oftalmológica”. Según la Policía, una vez que el sujeto llegó al lugar, fugó.
Los uniformados activaron de inmediato un operativo de búsqueda que terminó con la entrega del sujeto y su confesión, acogiéndose a una pena por el delito de fuga.
Sin embargo, días después, un juez de Quevedo, una ciudad a 310 kilómetros de distancia de donde se dieron los hechos, lo dejó en libertad porque Salcedo Bonilla le dijo que cuando confesó su fuga “no sabía lo que hacía”. Actualmente espera en su casa la decisión en su juicio por la venta de insumos médicos con sobreprecio.
Cárceles secuestradas
Un diagnóstico sobre el sistema carcelario, elaborado por la Universidad de Cuenca y la Universidad de las Américas, reconoce que las bandas delincuenciales ligadas a grandes carteles del narcotráfico mantienen un fuerte control de las cárceles en Ecuador. También tienen influencia sobre los detenidos, a quienes extorsionan o reclutan.
Durante este año se han dado casos como el de Joel A. T., detenido por tráfico de drogas en Guayaquil e identificado como integrante de una banda narcodelictiva.
Salió libre a los 12 días de su ingreso porque alegó que contrajo tuberculosis en la cárcel, aun cuando los síntomas de esta enfermedad aparecen, según los médicos a cargo del caso, dos o tres meses después de la infección.
También está el caso de Moisés G. S., detenido por robo e identificado como miembro de una banda, quien a los cinco días salió libre porque en menos de una semana se enfermó de depresión.
Para el constitucionalista Sebastián López, esta situación es grave porque lo que está pasando es que, mediante estas acciones, se está dejando de proteger la vida y la seguridad de las personas, ya que no existe seguridad de que los sujetos que salen de la cárcel no vuelvan a delinquir.
Iván C. P., por ejemplo, fue detenido por tenencia de armas en octubre del 2022. Salió libre por una supuesta prostatitis en diciembre de ese año. En enero de 2023 fue detenido nuevamente, por el delito de delincuencia organizada.
En febrero de 2023, cinco sujetos fueron encarcelados por un intento de secuestro en Cañar, sur del Ecuador. La Policía informó que uno de ellos tenía una condena de 20 años de prisión en su contra por tráfico de drogas y otro una pena de 34 años por asesinato.
Ambos abandonaron la prisión por un hábeas corpus antes de cumplir un año en la cárcel, de acuerdo con la Fiscalía, que no pudo explicar por qué los sujetos se encontraban libres.
El miedo de los jueces a sufrir atentados contra su vida es, según el juez de lo penal Pablo Valverde, una de las principales causas para la salida anticipada de presos de las cárceles.
Aunque Valverde no justifica las excarcelaciones, considera que el Estado debe dar mayor protección a los administradores de justicia.
No menos de 10 servidores judiciales en Ecuador han sufrido atentados en su contra desde enero de 2022, y las amenazas, según Valverde, se dan a diario.
“La falta de seguridad hace que jueces que ven en riesgo su vida y la de su familia adopten decisiones fuera de la ley, sin que eso sea una justificación”, concluye.
“El Estado –afirma Valverde– ha sido deficiente en cuanto a resguardar la vida de los funcionarios judiciales. Esto desnuda el hecho de que quienes trabajamos en los órganos de justicia no tenemos la seguridad de que se garanticen nuestros derechos mínimos”.
En efecto, los juzgados no cuentan con el servicio de guardianía privada o protección policial. Hasta septiembre de 2022, fecha del último corte entregado por el Ministerio de Gobierno, solo 25 de 2.300 jueces contaban con protección policial.
“Las amenazas y el clima de violencia generan una inestabilidad en la independencia e imparcialidad de los jueces”, sostiene, por su parte, Wilman Terán. Además, dice que la actual arquitectura judicial no blinda, ni protege a los servidores judiciales.
En tanto, Saquicela señala que se ha reunido con representantes del Gobierno y trabajan en un plan para la protección de servidores judiciales a nivel nacional.
El pasado 17 de junio comunicó a 300 jueces los acuerdos a los que se está llegando con el Ministerio de Gobierno y pidió a sus colegas un pacto ético que ayude a frenar el abuso del hábeas corpus.
Mientras, los presos siguen saliendo de la cárcel sin cumplir sus sentencias. Tan solo desde marzo del 2023, hasta el cierre de esta investigación, se han ingresado 74 nuevos pedidos de hábeas corpus que están pendientes de resolver y que, de seguirse aplicando la justicia como hasta ahora, podrían convertirse en nuevas excarcelaciones anticipadas.
Investigación: John Machado
Ilustraciones: Rafa Carrasco – Daniela Vega
Videos: Daniel Pachari – Xavier Caivinagua
Acompañamiento y diseño editorial: Equipo CONNECTAS.
“Falsas enfermedades” es una investigación realizada por John Machado para GK y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de las Américas, bajo una alianza estratégica de El Mercurio.
