No faltaba más. Según sentenció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a los transportistas peruanos de mercancías y pasajeros, el Ecuador debe vender los combustibles también con subsidios cuando ingresen nacional.
El vecino país ganó al Ecuador una demanda interpuesta ante ese Tribunal en julio de 2021.
A esos transportistas, Ecuador les vende a precios internacionales; es decir, sin subsidio. Es, por decirlo así, lo más razonable.
Aquí el diésel cuesta $ 1,70 (sin subsidio el valor real sería $ 2,60), en el Perú $ 4,36. El de la gasolina, $ 2,40 contra $ 4,67 allá.
Ecuador es parte de la Comunidad Andina, en la cual rigen ciertas reglas encaminadas a equilibrar las condiciones para una competencia igualitaria.
Para el Tribunal, la práctica ecuatoriana es “contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino”. Su sentencia debe cumplirse en dos meses.
Autoridades nacionales pedirán una aclaración, sin bien es nula la posibilidad de apelación.
Hasta allí lo jurídico. Transportistas y autoridades peruanas estarán de plácemes. Se les ha hecho justicia, dicen. ¿Y en el Ecuador?
Aquí, desde hacía varias décadas la política de subsidiar los combustibles ha tratado de ser revisada por algunos Gobiernos. El resultado fue un fracaso, incluyendo la caída de algunos presidentes y, últimamente, derivó en violencia extrema.
La diferencia abismal de los precios ha impulsado el contrabando, incontrolable a todas luces. Pobladores de ambos países se dedican este “negocio”.
Los transportistas del Perú ¿“tanquearán” sólo para circular en el Ecuador? ¿Cuántas veces lo harán al día o a la semana? Es sólo una preocupación, una duda, nada más.
Una razón más para revisar los subsidios. Para este fin, el Estado invierte miles de millones de dólares al año, beneficiando a gente de mayores ingresos, menos a los pobres. ¿O no es así?
