El hecho de que el caso de Celia Ramos, muerta en 1997 después de haber sido esterilizada forzosamente, haya llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha despertado la esperanza de encontrar justicia en sus hijas y miles de mujeres que sufrieron esas intervenciones durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-200).
«Me siento contenta porque, después de tantos años, por fin internacionalmente se reconoce de alguna manera la responsabilidad que tiene el Estado peruano de reconocer la verdad de los hechos, no solo del caso de mi mamá, sino todo lo que sucedió alrededor de ese programa», declaró Marisiela Monzón Ramos, hija de la víctima, en una rueda de prensa.
Agregó que este juicio «marca un paso significativo en el proceso de esclarecimiento y reparación en favor de Celia Ramos, su familia y todas las mujeres que sufrieron debido a una política estatal cruel y sistemática«, afirmaron en un comunicado el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Demus, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Celia Ramos murió en 1997, 19 días después de haber sido sometida a una operación de ligadura de trompas, cirugía que se complicó y acabó con su vida.
Durante el segundo periodo de Gobierno de Fujimori, entre 1995 y 2000, el Ejecutivo peruano implementó un Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, que realizó esterilizaciones a más de 200.000 personas, la mayoría quechuahablantes, pobres y campesinas.
Este caso ha sido abierto y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos y han incluido, además de Fujimori, entre los responsables a los entonces ministros de Salud por haber dado presuntamente instrucciones para la ejecución de ese programa, con incentivos para el personal médico que participó.
«Soy testigo, en esa edad que tenía, de que mi mamá fue presionada a tal punto tuvo que acceder a hacerse esa operación, la mala información fue tal que la operación de la ligadura de trompas fue comparada con una extracción de muela. Lo tengo muy claro en mi recuerdo», relató Monzón.
El abogado Milton Campos, de la organización civil Demus, explicó que informes de lo sucedido por parte de autoridades como el Ministerio de Salud o investigaciones del Congreso llegaron a la conclusión de que el mismo día de la operación de Ramos, que ocurrió «contra su propia voluntad», otras 15 mujeres fueron intervenidas en una posta de salud que no estaba preparada para este tipo de intervenciones.
Lucía Hernández, asesora Legal del Centro de Derechos Reproductivos de CRR, se refirió a que la sentencia de la Corte debe buscar los responsables de estas políticas que «anulaban la autonomía reproductiva de mujeres de orígenes humildes bajo coacción y amenazas» y que la sentencia debe garantizar que este tipo de sucesos vuelvan a tener lugar en el futuro.
«Que el caso llegue a la corte, es una oportunidad única para que las hijas de Ramos puedan ser escuchadas, puedan avanzar en la reparación de justicia y la sentencia podría desarrollar estándares que se pueden implementar en Perú para otros casos, esta deuda histórica que el Estado tiene con ellas», concluyó la abogada de Demus, María Ysabel Cedano, al indicar que se trata de «un megacaso» que incluye más de 3.000 personas denunciantes. EFE
