Bruselas.- La Unión Europea lamentó este sábado la entrada en vigor de la ley aprobada por el Parlamento serbobosnio que tipifica como delito la difamación y avisa de que «va en contra» de los compromisos adquiridos por Bosnia-Herzegovina para poder comenzar las negociaciones de adhesión al club europeo.
«Estos cambios legislativos imponen restricciones innecesarias y desproporcionadas sobre los medios y la sociedad civil», apunta en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que dirige el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.
Así, la UE critica que la ley «afecta severamente al entorno de la sociedad civil y restringe la libertad de expresión de los medios» que desarrollan su actividad en la llamada República Srpska, el ente serbio de Bosnia-Herzegovina, así como un «paso atrás desafortunado e innegable en la protección de los derechos fundamentales».
Del mismo modo, el bloque comunitario subraya que «va en contra de las expectativas que acompañaban la concesión del estatus de candidato a la UE» de Bosnia-Herzegovina, concedido por la UE en diciembre del pasado año.
En esta línea, la UE espera que «todas las autoridades trabajen de forma constructiva» para abordar las prioridades fijadas por la Comisión Europea que son necesarias para que la institución «recomiende abrir las negociaciones de adhesión» del país balcánico, en particular la que insta a «garantizar la libertad de expresión y de medios y la protección de periodistas».
Por último, el club europeo se muestra «comprometido» en el objetivo de apoyar a los medios de comunicación y a la sociedad civil bosnia, «en particular en la República Srpska».
Las enmiendas a la ley aprobadas por el Parlamento del ente serbio de Bosnia-Herzegovina – que junto con el común de musulmanes y croatas conforma el Estado bosnio – estipula sanciones con multas de entre 1.000 y 3.000 euros para el delito de difamación.
Aprobada en julio con 47 votos a favor y 16 en contra, la medida fue denunciada por asociaciones de prensa y también por el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales, que pidieron la retirada del proyecto de ley por considerar que incumplía los estándares de derechos humanos y reforzaba la tendencia a restringir la libertad de expresión. (EFE)
