“Ecuador irá hacia donde su Universidad vaya”, decía Oswaldo Hurtado. Parece que esta frase no la recuerda el actual gobierno porque está quedando de incumplido con la Educación Superior, poniendo en riesgo no solo el futuro educativo de miles de estudiantes sino con ello el futuro del país.
Una deuda de casi 3 millones de dólares sostiene el gobierno nacional con la Universidad de Cuenca. La trascendencia de este incumplimiento debe ponerse en consideración por el peligro que corre en este momento el derecho de acceso a la educación pública gratuita y de calidad en el marco de una nueva vulneración a la autonomía universitaria.
Con total claridad el Art. 355 de la Constitución del Ecuador manifiesta que “La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema (de Educación Superior), ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial.” Bajo esta premisa, la Universidad de Cuenca tiene todo el derecho de alzar la voz ante un gobierno que este momento le está fallando a la juventud a la que le prometió incluso libre acceso a la educación universitaria.
El llamado de atención universitario no es el único. Unos días antes los gobiernos autónomos descentralizados expusieron similares preocupaciones a nivel nacional. El panorama para diciembre es generalizado. Son dos meses de deudas acumuladas, transferencias retenidas y pagos incumplidos que provocan, como indica el manifiesto universitario, inestabilidad, incertidumbre y sobre todo, “un alto riesgo de paralizar la gestión operativa, académica, de investigación y vinculación con la sociedad”.
