Muchos de los graves problemas del Ecuador son estructurales. Por tal razón merecen soluciones tácitas y técnicas, no políticas, peor electoreras. Caso contrario se profundizan y, en algún momento, pueden estallar.
Para el Ejecutivo, en calidad de proponente del proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, su aprobación en la Asamblea “es una victoria del Gobierno y una victoria legislativa”.
Empero, según el debate no circunscrito a la Legislatura, más bien el impulsado por algunos medios de comunicación, la Ley es una “medida parche”, hasta inequitativa; parcialmente valedera para un momento, es decir, para sacarle de los apuros financieros al Gobierno; favorable para ciertos grupos económicos y otras personas jurídicas cuya mala costumbre es no pagar impuestos, a la espera de beneficios tributarios, como acaba de ocurrir, como ha ocurrido siempre.
Gran parte de estos argumentos también fue esgrimida por algunos asambleístas parte de la mayoría; pero, a la hora de la hora, terminaron votando a favor.
La Ley le permitirá al Gobierno recaudar alrededor de USD 832 millones en 2024, en tanto el déficit fiscal de 2023 cerrará en USD 5.789 millones, y cada vez serán menores los ingresos al Estado.
Con la remisión, según oficialismo, se espera abrir las puertas para el empleo en el sector privado, la misma iniciativa implementada en otros Gobiernos, pero sin mayores resultados. ¿Será ahora la excepción? Si no hay la demanda suficiente, ¿los empresarios se jugarán por aumentar su rol de pagos, supuestamente para emplear a los jóvenes?
Hay otros artículos de la Ley con cuya aplicación se espera más resultados, asimismo, coyunturales, como la renegociación de la deuda con el Banco Central, en tanto siguen intocables los subsidios a los combustibles, cuando menos focalizarlos, y el excesivo gasto público
Las soluciones coyunturales en materia económica prevalecen sobre las de fondo, así impliquen costos políticos.
