Tras la decisión gubernamental de aliviar las restricciones a la movilidad se ha desatado una especie de fanfarria con motivo del Carnaval, una de las fiestas populares más tradicionales.
Para la mayoría de los cantones azuayos se restringió casi totalmente el horario del toque de queda, en tanto para Cuenca y Ponce Enríquez es bastante holgado.
Por ello los Municipios y el Gobierno Provincial del Azuay, un poco olvidándose de la austeridad, tantas veces proclamada, aun de las deudas por saldar y cobrar, han resuelto apoyar varios eventos artísticos, argumentando la reactivación económica.
En 2023 el ministro de Economía de aquel entonces ya llamó la atención a los GAD Provinciales, precisamente por destinar grandes sumas de dinero para apoyar fiestas, asimismo pretextando el movimiento económico, favorable, según lo justifican, desde el vendedor informal, el gran comerciante, hasta quienes emprenden actividades turísticas y toda su cadena productiva.
Eso último puede no estar en duda; pero si se considera la crisis fiscal del país, necesitada con urgencia de algo más de 8 mil millones de dólares, no está por demás proceder con austeridad, si es posible renunciado o cuando menos limitando los gastos.
En tiempos de “vacas flacas”, mientras unos se aprietan los cinturones y se les exige reducir gastos, no pueden otros tratar “de echar la casa por la ventana”.
Por el lado de la seguridad, tampoco es momento de fiarse de la aparente tranquilidad. Durante las distracciones colectivas es cuando lo inesperado puede ocurrir. Esto no pasa por ser “aguafiestas”; más bien una convocatoria a la prudencia y a tomar precauciones. Fue una de las razones por las cuales el pasado fin de semana se suspendieron las fiestas cívicas en un cantón azuayo.
El sano esparcimiento carnavalero es responsabilidad de todos – en parte, incluso hasta la seguridad -, y no necesariamente pasa por gastos ingentes, en especial por parte de los entes públicos.