La presidenta de Perú, Dina Boluarte, también es investigada por la Fiscalía de su país por depósitos bancarios de procedencia no explicada, así como por lucir valiosas joyas, que se han sumado a las pesquisas abiertas en marzo pasado por tres relojes Rolex no declarados, informó el Ministerio Público.
La ampliación de esta investigación, que tiene carácter preliminar, fue revelada este martes por el fiscal general peruano, Juan Carlos Villena, durante una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de su país.
Aunque señaló que las pesquisas que se abrieron el pasado 18 de marzo son reservadas, Villena informó de que el 1 de abril último «se dispuso ampliar el marco fáctico de la imputación, ya no solo por los tres relojes Rolex».
Sostuvo que se ha incluido unas declaraciones juradas en las que aparece un incremento patrimonial de 432.000 soles (119.400 dólares o 111.000 euros) «en el plazo de dos años» y la posesión de una pulsera de lujo que, «según una fuente abierta», tiene un valor de 56.000 dólares (unos 52.000 euros).
También dijo que existen otras joyas con un valor que superaría los 500.000 dólares y «depósitos de origen desconocido» por más de 1,1 millones de soles en cuentas bancarias de la gobernante.
Sobre estos depósitos, Boluarte ha señalado en los últimos días que ese dinero pertenece al Club Departamental Apurímac (una asociación de migrantes de esa región en Lima), que presidió hasta antes de integrar, en 2021, el gobierno de Pedro Castillo.
Villena remarcó que esta investigación preliminar por un presunto enriquecimiento ilícito «es bastante compleja», ya que incluye a numerosos funcionarios, además de pericias especializadas, por lo que mantiene su carácter reservado.
El fiscal general también recordó a los legisladores que el Ministerio Público puede culminar una investigación preliminar de este tipo con una acusación constitucional, pero remarcó que el proceso contra un gobernante «no puede continuar hasta que culmine sus funciones», tal como establece la Constitución peruana.
Boluarte estaba citada el pasado martes para mostrar sus relojes en el Ministerio Público y al día siguiente debía dar su testimonio, pero pidió reprogramar ambas citas debido a su «cargada agenda», por lo que no acudió a ninguna de estas.
Esto provocó que a la medianoche del pasado viernes se ordenara el allanamiento de su vivienda, donde el operativo policial rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno, tras lo cual la mandataria afirmó que ese procedimiento se había hecho de una manera arbitraria, abusiva y desproporcionada.
En respuesta, el Ministerio Público aseguró que el operativo se realizó «por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema» y que en el operativo «no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió», pero sí obtuvo otros elementos de interés para la investigación. EFE
