Si algo ha hecho el CPCCS es actuar de tumbo en tumbo. Se han movido presidentes, la propia llegada de los consejeros candidatos de la liga azul a quienes el CNE les dejó actuar cobijados por la bandera de la RC, ya es de entrada un pésimo precedente para un funcionamiento objetivo.
En la controversial Constitución de Montecristi al crearse el CPCCS se cumplió con una de las metas de la entonces Alianza País, para disfrazar de democrática y participativa la elección de representantes de los órganos de control, cuando en verdad solamente buscaban colocar a los conspicuos adherentes al “proyecto” para tener todos los poderes del Estado en las manos.
Recordar es menester siempre que se necesita proyectar. Por obra y gracia del CPCCS de orientación ideológica adscrita al presidente, el Consejo de la Judicatura, cayó en manos de Gustavo Jalkh quien de guitarreada en guitarreada configuró el esquema de concursos de los jueces adscritos al correismo para cumplir con la promesa del presidente de “tomarse la justicia” El CNE, cuyas funciones prorrogadas de Atamaint, Pita y demás, es otro caso parecido más bien a una jugada de pizarrón para beneficiar a quienes han hecho tabla rasa del desacreditado Código de la Democracia; el CPCCS no ha podido nombrar a quienes deberían reemplazarlos, porque cada vez que pretende arrancar los procesos, algo pasa, se posterga la decisión o estamos en tiempo electoral. Y vean el largo calvario vivido para elegir al nuevo Contralor, proceso incidentado por tantas acciones, incluidas las de protección, por parte de algunos candidatos “interesados” en llegar al ente controlador.
En un año se tendrá que elegir al nuevo fiscal general del Estado; ya se discute y es noticia, la necesidad de crear un reglamento para ser sometido al escrutinio público a través de la revisión por la sociedad, y grupos anticorrupción, porque la vara alta de comparación con el desempeño de Diana Salazar es un factor clave para evitar tener los perfiles de sinvergüenzas como Galo Chiriboga o Carlos Baca Mancheno quienes convirtieron a la Fiscalía en un inmenso cajón de archivo de denuncias penales graves.
Pero el CPCCS que no goza de credibilidad en la ciudadanía, deberá recomponerse y actuar con mínimos criterios técnicos, dejando a lado ese rosario de tropiezos y resoluciones direccionadas. Si en este órgano, al cual corresponde designar las más altas autoridades de control funcionan mayorías pendulares, y es “visitado” de manera permanente por políticos que apadrinan nombres o tienen sus agendas para seguir estancando al país en su incipiente desarrollo democrático, es mejor planear ordenadamente su extinción y elegir autoridades de control como se hacía antes. Fue una pena que en la consulta popular del presidente Lasso los ecuatorianos hayan permitido que el CPCCS siga funcionando. (O)
