En la Asamblea Nacional se suspendió el proceso de juicio político contra la fiscal general.
Con cinco votos a favor y dos abstenciones (de las dos legisladoras de la Revolución Ciudadana), el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió suspender la tramitación de los juicios políticos presentados en la Asamblea Nacional en contra de Diana Salazar, fiscal general del Estado, debido a que tiene un embarazo de alto riesgo.
¿Cuándo se retomará el proceso? En la resolución adoptada por el CAL se especifica que el tratamiento de los dos pedidos de juicio político en contra de Salazar se retomará una vez que la autoridad supere su actual situación médica, con la finalidad de precautelar la vida de la madre gestante y la vida por nacer.
Para Roger Celi, experto en Derecho Legislativo, la resolución del CAL es ambigua, pues la superación de la situación médica de la fiscal podría implicar que culmine su embarazo o este deje de tener la condición de riesgoso.
“Lo más seguro es que a la fiscal ya no se la destituya, por lo menos por los juicios políticos; al momento desconocemos el tiempo del embarazo, pero, contando el reposo médico posterior al parto, los procesos se suspenderán por lo menos 10 meses, en este tiempo, la fiscal estará próxima a terminar su período en el cargo”, puntualizó el experto.
César Umajinga, de la bancada gobiernista de ADN, no niega que la intención es mantener suspendidos los pedidos de juicio político en contra de la fiscal incluso después del parto, es decir, abarcar el período de lactancia.
“Después del embarazo, vendrá la lactancia, la protección en estas etapas es un derecho constitucional”, puntualizó Umajinga, quien integra la Comisión de Fiscalización.
En abril del 2025, en menos de un año, Diana Salazar cumplirá los seis años para los que fue elegida y deberá dejar la Fiscalía; por ley, no se puede postular nuevamente, sin embargo, tomando en cuenta los tiempos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se toma en los concursos para elegir autoridades, es muy probable que le prorroguen en funciones.
La consideración no es para todos
En la Revolución Ciudadana, desde donde se impulsó los pedidos de juicio político en contra de la fiscal general, no están de acuerdo con aplazar los procesos por el estado de salud de la autoridad, así lo dejó claro la abstención en la votación del CAL de Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y de la vocal Esther Cuesta.
La principal objeción del correísmo se da porque, según Gissela Molina, ponente de uno de los juicios en contra de la fiscal, un embarazo no es causal para la suspensión de un juicio político, sobre todo porque algunas de las legisladoras de su bancada sí han tenido que enfrentar procesos, incluso penales, pese a su estado de gravidez.
El también correísta Ricardo Ulcuango recordó la situación de la exlegisladora Viviana Bonilla, quien fue procesada y sentenciada por el caso Sobornos, mientras se encontraba embarazada.
Pamela Aguirre, actual presidenta de la Comisión de Fiscalización, también recalcó que, durante su embarazo, el mismo día en que nació su hijo, fue llamada a declarar por el caso Sobornos.
No tenían los votos
Aunque en el CAL se tomó la decisión de suspender los pedidos de juicio político en contra de la fiscal, en la mayoría de las bancadas coinciden en que en este proceso el correísmo estaba solo, no tenían los 70 votos necesarios para destituir a la fiscal.
Sin embargo, para el analista Roger Celi, en la Asamblea nada está garantizado y a la Revolución Ciudadana solo le faltaban 20 votos para destituir a la fiscal, por eso la decisión que tomó el CAL habría resultado oportuna.
