Los proveedores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso doméstico, exigen a las autoridades que los controles sean justos y sancionen a quienes mal utilizan el producto.
Aunque la Ley de Hidrocarburos prohíbe la utilización del cilindro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en automotores, motores, piscinas, fábricas, restaurantes o negocios similares, aparentemente esto no se cumple.
La semana anterior, en varios medios de comunicación radial los propietarios de distribuidoras de gas de uso doméstico, se quejaron sobre las sanciones que las autoridades imponen a sus negocios cuando comenten una falta.
Sin embargo, pedían que se controle a los restaurantes, hoteles u hosterías con piscinas, fábricas u otros negocios que ocupan el GLP doméstico, cuando deberían usar el gas de tipo industrial.
Sandra Gómez, administradora de la Asociación de Distribuidores de Gas del Azuay, comenta que los expedientes que abre la Intendencia de Policía y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), tras las inspecciones a los locales “son demasiado fuertes”.
“Por cobrar cinco o diez centavos más por el cilindro de gas, hay compañeros que deben pagar multas de 7.000 a 10.000 dólares. No es justo…”, asegura Gómez.
Según la administradora, se los sanciona como si cometieran delitos de narcotráfico o lavado de dinero y eso “no está bien”.
Gómez explica que quienes distribuyen el gas, compran el cilindro a un valor de 1,59 o 1,60 dólares, para despacharlo a 1,65; que es el precio de venta al público.
Si bien ha habido casos de comercios que han subido el costo a 1,70 o 1,75 dólares, las sanciones son excesivas. “No justificamos el actuar de algunos compañeros, pero hay que entender que cinco centavos de utilidad, que es lo que ganamos, no alcanza para mantener nuestros locales”, sostiene.
Negocios deben utilizar el cilindro de gas de tipo industrial
Sandra Gómez señala que cuando han solicitado a las autoridades (Intendencia y ARCH) que también inspeccionen a los negocios que usan GLP doméstico, pero deberían usar GLP industrial, les han dicho a ellos que “mejor cambien de negocio”.
Incluso, se ha pedido que crucen la información entre el Servicio de Rentas Internas (SRI) y ARCH para verificar cuánto pagan los establecimientos por el combustible, la respuesta es “que no tienen el personal suficiente para los operativos”, señala Gómez.
Juan Diego Jara, intendente de Policía del Azuay, aclara que la institución cumple las funciones de controlar la especulación de precios, verificar si hay un incremento injustificado y acompañar al órgano sancionador.
En este caso sería ARCH, que establece los parámetros, puntos y determina si hay una afección o contravención por parte de algún local.
Jara confirma que con ARCH han iniciado procesos administrativos sancionadores a unos seis locales de venta de GLP y es la agencia la que hace el seguimiento correspondiente.
