Debemos recordar conceptos básicos de las realidades políticas.
En el Estado de Derecho la soberanía popular es la fuente del poder y de la autoridad, entendiendo que las elecciones son la manifestación libre de la voluntad ciudadana.
Con las primarias continúa el proceso electoral para elegir presidente y vicepresidente de la República, asambleístas, nacionales y provinciales cumpliendo las prescripciones del sistema legal vigente.
Las elecciones sirven para divulgar los programas de gobierno y definir las soluciones requeridas por un mundo atravesado por la crisis global que afecta a las relaciones sociales, económicas e institucionales causados por la corrupción con sus devastadores efectos que, desde la década perdida, pese a todo lo que se diga en contrario, sigue impactando negativamente a nuestra sociedad.
Corresponde a las organizaciones políticas seleccionar a sus candidatos y a los ciudadanos elegir responsablemente a quienes demuestren experiencia y probidad para integrar las funciones del estado.
Al respecto, la unidad de los sectores políticos que postulan el cambio integral del modelo constitucional y penal vigente es el punto focal a lograr en estas elecciones. Seguimos aupando a la delincuencia organizada y la corrupción o damos un giro total en favor de la seguridad jurídica.
Recordemos que en la República la justicia es su valor fundamental debiendo ser el gobierno de los mejores ciudadanos. Claro, se dirá que es una utopía, pero hoy es el desafío a la impudicia dominante.
Práctica repudiable es la que hace de los procesos electorales el medio para lograr la impunidad de los sindicados por los delitos cometidos, más grave aún si son contra la administración pública y han sido sentenciados, tal el caso del delito de instigación cometido en el 2019 y de otros prófugos que aspiran retomar el poder en función de sus deleznables propósitos.
Así no se hace política, sino que se la pervierte. (O)
