El 30 de agosto de 2024, es decir, en ocho días, vence el plazo que los ecuatorianos, que votaron a favor del cierre del bloque 43 ITT, le dieron al Gobierno para que suspenda las operaciones en este campo petrolero. Sin embargo, las autoridades, en una solicitud de última hora, le han pedido a la Corte Constitucional (CC) que les extienda el plazo, por al menos cinco años con cinco meses.
A través de una solicitud de modulación de la sentencia con la que la CC autorizó la realización de la Consulta Popular, el presidente Daniel Noboa presentó un informe en el que establece que le es imposible cerrar el campo petrolero en los próximos ocho días y explicó que el proceso podría tardar como mínimo cinco años y cinco meses, pero podría llegar a siete años y hasta 10 años, con el plan de reforestación incluido.
Según el cronograma establecido en el “Informe sobre impactos, puntos de atención y acciones ejecutadas respecto al cumplimiento de la Consulta Popular para el cierre anticipado de operaciones y abandono del Bloque 43 ITT», presentado por el Gobierno a la CC, el cierre de los 246 pozos empezará este 30 de agosto y le podría llevar al país siete años y medio; se lo podría hacer en cinco años y cinco meses, pero el costo del proceso se elevaría.
Antonio Goncalves, ministro de Energía, señaló que el tiempo solicitado es necesario para hacer el cierre de una manera pragmática y segura, sin tener ningún tipo de impacto ambiental y social en el área donde se va a operar.
“Esto no se ha hecho nunca, ni en el país, ni en el mundo, tiene que hacerse de una manera responsable, tenemos unos tiempos ajustados, pero creemos que lo podemos conseguir”, afirmó Goncalves.
Hasta el cierre de esta edición Yasunidos, proponentes de la Consulta Popular, no se pronunciaron sobre el tema; en su última publicación en la red X, previa al pedido del Gobierno, advirtieron que la intención de las autoridades era incumplir la sentencia.
Explicación técnica
Según lo que el informe gubernamental señala, para el proceso de cierre de pozos se requiere de torres de reacondicionamiento para la instalación de varios tapones, el tiempo de intervención para el cierre es de 14 días de operación y 1 día de movilización entre pozos, por pozo.
Si en el proceso se usa una torre de reacondicionamiento, el plazo es de más de siete años, solo si se usan dos torres, con un mayor costo, el plazo baja a un poco más de cinco años
Para Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, los plazos solicitados por el Gobierno no tienen un sustento técnico, sino económico, pues el país no está en condiciones de dejar de percibir más de 1.200 millones de dólares anuales, que le proporciona la explotación del ITT.
“Técnicamente es posible suspender la producción del ITT en unos dos meses y con eso se cumpliría la sentencia, aunque el desmantelamiento del campo sí llevará años; lo que existe no es un problema técnico, el Gobierno está intentando alargar el cierre porque va a significar un tiro al corazón de la economía del país, que está bastante golpeada”, señaló Santos Alvite.
Con el afán de que la CC escuche los argumentos por los que el Gobierno solicita los nuevos plazos, el presidente Daniel Noboa pidió que se lo reciba en audiencia; además solicitó que los jueces, in situ, conozcan la realidad del ITT, con una visita al campo petrolero.
Presupuesto para el cierre
El informe concluye que el cierre anticipado del Bloque 43 ITT tendrá un impacto económico significativo para el Estado ecuatoriano, con una pérdida estimada de ingresos entre 2.198 millones de dólares y 3.581 millones de dólares, según el escenario de declinación de la producción.
A esto se suma que el cierre de cada pozo le costará al país 1 millón de dólares, dando un total de 246 millones de dólares que se deben invertir para abandonar este campo petrolero.
Demora en la entrega del recurso
Para el constitucionalista José Chalco, el Gobierno demoró en la entrega de la solicitud de modulación de la sentencia, pues existen razones técnicas y financieras que le imposibilitan cumplir con el fallo, con lo que es muy probable que los jueces le den la razón, pero ahora se corre el riesgo de que, en ocho días la Corte Constitucional declare el incumplimiento, parcial o total, de la sentencia.
El documento remitido el lunes 20 de agosto del 2024 a la CC es el primero que Daniel Noboa, desde su posesión como presidente de la República, envía sobre el tema, previamente, el 17 de junio pasado, a través del Decreto Ejecutivo 257, creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular del Yasuní ITT.
En caso de que la CC determine que Noboa, al aplazar el cierre de operación del ITT, incumplió con su sentencia, el presidente podría perder el cargo, al igual que los ministros que tienen relación con el tema; sin embargo, Chalco recalcó que ese no ha sido el comportamiento histórico de la Corte y lo máximo que podría determinar es un incumplimiento parcial, con lo que se le daría al Gobierno un nuevo plazo para cumplir el fallo. (I)
