No hay el mínimo de recato en la actividad política, sobre todo en tiempo de elecciones.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dice no tener el marco jurídico para controlar la publicidad política en redes sociales. Pero tampoco ha hecho nada para adecuar esta necesidad ante una realidad elocuente. Y así va el país, una vez más, a otro proceso eleccionario.
En el realizado un año atrás, los ecuatorianos concurrieron a las urnas para elegir, además de presidente y vicepresidente de la República, y asambleístas, a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cppcs).
Los candidatos a ser parte de este supra organismo, cuyo control es apetecido por casi todos los actores políticos, no deben ser parte de ningún partido ni movimiento, peor promovidos por estos, con el fin de asegurar su total independencia, siempre puesta en duda desde su creación.
Sin embargo, fue evidente cómo un exmandatario, a través de las redes sociales, promovía a los candidatos de la denominada “liga azul”, es decir a sus amigos, seguidores o como se los considere, y hasta, en el caso de uno de ellos, su exabogado defensor.
No hubo ningún llamado de atención de las autoridades electorales, excepto quejas de los contendientes y denuncias en columnas de opinión en los medios de comunicación, pero con ningún eco.
Prevalidos de su aparente fuerza electoral o de creerse todo poderoso, ni el expresidente ni los candidatos por él auspiciados, tuvieron el mínimo recato para no actuar como actuaron, mucho más si casi todos ellos son abogados de profesión y conocen las leyes.
Las consecuencias, aunque tarde, están a la vista. El Tribunal Contencioso Electoral destituyó a cuatro vocales del Cpccs “por hacer campaña con el correísmo”: dos principales y dos suplentes. Antes hizo lo mismo con quien presidía esta institución.
Ni siquiera quedan alternos para cubrir las vacantes. Si bien la sentencia es apelable, ¿estaremos ante un organismo acéfalo?
