Incendiarios. Y son varios. El problema principal. Seguirles dando espacio, difusión, entrevistas y escucharlos, cuando de conformidad con la Constitución y las sentencias de órganos judiciales vigentes, no gozan de derechos de participación y no pueden en consecuencia inmiscuirse en asuntos del Estado. Repitamos: No pueden participar en ningún espacio público ni medios de comunicación del país.
El país está en llamas por todas partes. Hay campaneros y oficiosos acólitos para el desastre. Incluso uno que otro que intenta lavarse la cara con el yo no fui, ellos fueron, y cuando yo fui, no fui. Como si la Pal(Iza) que dieran al país años atrás, estuviera olvidada o fuera un juego de azar.
La Constitución en su artículo 233 -al igual que las sentencias en firme que existen- señalan que quien tenga condena por delitos de cohecho, concusión, peculado o enriquecimiento ilícito pierde sus derechos de participación. Entonces, los derechos de participación son los del artículo 61 de la misma Constitución y se enlistan: 1. Elegir y ser elegidos. 2. Participar en asuntos de interés público. Repito: participar en asuntos de interés público. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 4. Ser consultados. 5. Fiscalizar los actos del poder público. 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 7. Desempeñar empleos y funciones públicas. Y, 8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse.
Fácil. ¡Para qué seguir entregándoles micrófono a los incendiarios! ¡A los que no tienen derechos de participación! Hacerlo, podría acarrear incluso responsabilidad jurídica y sanciones a quienes lo hacen. El respeto al orden constitucional no es una cuestión de abogados, jueces y periodistas serios que ventajosamente sí existen. Se trata de una comprensión de vida, de una forma de ser y obrar. De educar también. ¿Cuándo? Ahora que existe la oportunidad. Por menos incendios, menos llamas, menos incendiarios y menos campaneros. (O)
