El Tribunal Constitucional (TC) de Perú rechazó un habeas corpus que pedía que se anule la orden de prisión preventiva que cumple el expresidente Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El TC publicó en su portal oficial una resolución que declaró improcedente el recurso de agravio constitucional presentado por el ciudadano Alejandro Ríos Pallesa tras la detención de Castillo, por considerar que se había vulnerado el derecho a la libertad personal del exmandatario.
La decisión fue suscrita por seis de los siete magistrados del tribunal, que ratificaron que el arresto de Castillo no fue irregular porque fue ordenado por un tribunal, mientras que el magistrado Luis Gutiérrez emitió un voto singular.
Gutiérrez consideró que, aunque Castillo intentó dar un golpe de Estado, su detención en presunta flagrancia fue indebida, ya que esta figura se reserva para los delitos comunes y el entonces mandatario debió ser conducido ante el Congreso para que se levante su inmunidad de arresto.
El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó el pasado 20 de noviembre el inicio de un juicio oral contra Castillo por el fallido golpe de Estado, por el que se enfrenta a una petición fiscal de 34 años de prisión por el delito de rebelión.
Junto a Castillo, serán enjuiciados los ex primeros ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres, los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, y los ex jefes policiales Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial, cuando el Parlamento lo esperaba en el pleno para debatir una moción de destitución presentada en su contra por indicios de presunta corrupción en su Gobierno (2021-2022).
Tras su anuncio, en el que también proclamó la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto, el entonces mandatario se dirigió con su familia a la embajada de México en Lima, mientras que el Parlamento votaba y aprobaba su destitución.
Antes de llegar a su destino, Castillo fue detenido por su propia escolta policial y puesto a disposición de la justicia por el delito de rebelión.
En septiembre pasado, Checkley también rechazó una solicitud de sobreseimiento de esta investigación, presentada por Castillo y los otros imputados en este caso.
La Fiscalía ha pedido que el exmandatario sea condenado a 34 años de cárcel por la comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
También, solicita que Chávez, quien era primera ministra durante el fallido golpe y actualmente está en prisión preventiva, sea condenada a 25 años de cárcel, y que Torres, que había dejado ese cargo pero seguía siendo asesor jurídico del entonces gobernante, reciba 15 años de prisión.
Después de que Castillo anunciara en un mensaje televisado su intento de golpe de Estado, el Congreso lo destituyó por “permanente incapacidad moral” y fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que permanece en prisión mientras es procesado por el delito de rebelión y también afronta otros casos de presunta corrupción. EFE
