En las Fuerzas Armadas se niega que los cuatro niños desaparecidos estén bajo su custodia.
La tarde del 24 de diciembre se desarrolló en Guayaquil la audiencia de habeas corpus por el caso de los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil el 8 de diciembre del 2024.
El capitán Leonardo Alvear, procurador del Ministerio de Defensa, en presentación del ministro de esta institución, Giancarlo Loffredo, recalcó que al momento los niños desaparecidos no están bajo custodia de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y rechazó la existencia de una desaparición forzada.
Alvear reforzó la posición pública de Loffredo, de que los niños fueron encontrados robando, por lo que se los llevó a las inmediaciones de la base de Taura, a cargo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), pero rechazó la existencia de una desaparición forzada.
El procurador del Ministerio de Defensa citó un informe militar que confirmaría que los niños fueron liberados por parte del personal militar antes de llegar a la base de Taura; además citó las declaraciones de uno de los padres de los menores, que afirma que una tercera persona los recibió, los contactó y dio una ubicación, aunque en el sitio no fueron encontrados.
Militares no debían detenerlos
Por su parte el fiscal del caso, Christian Fárez, recalcó que existe un video, difundido en el pleno de la Asamblea Nacional, que demuestra que los militares se llevaron a los niños, sin que exista evidencia de que los menores hayan cometido un acto ilícito.
El fiscal señaló que, por el principio de interés superior que tienen los niños, estos debieron ser puestos bajo la custodia del Servicio Nacional del Adolescentes Infractores, una vez que se dio su detención, y no ser sometidos por los miembros de la FAE; por lo que solicitó que se dé la audiencia de formulación de cargos en contra de los 16 militares involucrados.
Hasta el cierre de esta edición el juez del caso no había tomado la decisión sobre la solicitud de habeas corpus.
Un caso que conmocionó a la sociedad
Con fotos de sus hijos en varios escenarios deportivos y con las medallas obtenidas por su destacada participación en torneos de fútbol, Luis Arroyo, padre de Josué (15 años) e Ismael (14 años), trata de demostrar que no son delincuentes y que los militares no tenían razón para torturarlos y desaparecerlos junto con Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), de quienes no volvieron a saber desde el 8 de diciembre del 2024.
La desaparición de los niños despertó el rechazo ciudadano, el lunes 23 de diciembre cientos de personas, en plantones organizados en Guayaquil, Quito y Cuenca, se manifestaron exigiendo que las autoridades respondan por lo ocurrido; ya que la última vez que se tiene registro de los menores estuvieron en manos de uniformados de la Fuerza Armada Ecuatoriana (FAE).
Las explicaciones sobre la trayectoria deportiva de sus hijos, Luis Arroyo las ha dado en sus declaraciones públicas y lo hizo también en una comisión general a la que fue invitado en el pleno de la Asamblea Nacional, en donde hizo público un video que evidencia que por lo menos dos de los menores fueron detenidos por una decena de militares.
La contradicción del ministro
Mientras inicialmente, en un video emitido a nivel nacional el sábado 21 de diciembre del 2024, el ministro de Defensa, Gian Carlos Loffredo, atribuyó la desaparición de los niños a los grupos delincuenciales, el lunes se retractó y aceptó la participación de los militares.
Según la nueva versión de Loffredo, los niños desparecidos fueron detenidos por una patrulla militar, integrada por 16 miembros de la FAE, después de que los menores habrían participado en un asalto a una mujer; pero luego, de acuerdo con lo dicho por el secretario de Estado, los habrían dejado libres y desde el 8 de diciembre se desconoce su paradero.
Esta versión no concuerda con la del padre de Josué e Ismael, quien aseguró que el 8 de diciembre recibió una llamada de un hombre que le informó que había encontrado a los niños desnudos, golpeados y abandonados por los militares, le dio dos direcciones para ubicarlos, pero le advirtió que no avise a la Policía, cosa que ya había realizado.
“Papá, los militares nos cogieron en el Mall del Sur, no estábamos haciendo nada, se bajaron como locos, nos persiguieron, hicieron disparos al aire, nos maltrataron y nos dejaron botados por allá desnudos. Papá ven, sálvame”, fueron las últimas palabras que Ismael le dijo a su padre, quien informó a la Policía; pero, los uniformados no los encontraron en ninguna de las direcciones que le dieron.
Criminalización de los niños y adolescentes
Sybel Martínez, quien trabaja por los derechos de los niños y adolescentes, ve con preocupación que solo ahora, que se da un caso como este, en que se puede apreciar que en los últimos meses los ecuatorianos, ciudadanos, autoridades y uniformados, han normalizado la violencia contra los niños que son considerados delincuentes.
“Frente a la presencia de niños y adolescentes empobrecidos, racializados, que tienen tatuajes, automáticamente son delincuentes; como sociedad estamos tan estereotipados que defendemos cuando son agredidos, humillados y juzgados como adultos; cuando ellos son víctimas”, recalcó la experta.
No es un caso aislado
Fernando Bastidas, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), puntualizó que lo sucedido con estos niños desaparecidos no es un caso aislado de abuso militar, desde el despunte de la violencia en el país.
Como ejemplo está lo sucedido con Carlos Javier Vega Ipanaque, un joven de 19 años que el 3 de febrero del 2024 fue confundido con un terrorista y recibió cuatro disparos que acabaron con su vida; su primo Eduardo Velasco, de 34 años, sobrevivió; en este caso están involucrados tres miembros de la Marina.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, proporcionados por la periodistas Karol Noroña, al momento existen 15 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales en manos de militares y 145 causas abiertas por presuntas extralimitaciones; las cifras las lideran las provincias de Guayas y Esmeraldas.
