Ríos desbordados, decenas de familias damnificadas y evacuadas, daños graves en las vías, inundaciones, puentes destruidos, perjuicio económico, son las consecuencias del invierno destructor.
Este lunes, parte de Loja se inundó por el desbordamiento del río Malacatos. Videos difundidos casi al instante demostraron la devastación. Se afectaron viviendas, locales comerciales y vehículos.
En ciudades de la Costa, la gente camina con el agua hasta la cintura, en especial en los barrios suburbanos, como ocurrió en Manta. La semana pasada, Piñas, provincia de El Oro, sufrió un aluvión. Destruyó viviendas y causó la muerte de una persona.
En el caso del Azuay, la situación es bastante crítica. No solo revela la fragilidad del sistema vial; también la pésima calidad de algunas obras construidas a raíz de temporales anteriores, asimismo duros. Es el caso, por ejemplo, del muro de gaviones levantado para, supuestamente, contrarrestar la crecida del río Chantaco, a la altura de la parroquia Abdón Calderón. La furia del afluente, esta vez está a punto de arrasar con todo. Cientos de miles de dólares al agua. ¿Quién responde? Nadie.
Más hacia el sur, varias comunidades rurales están parcialmente aisladas. El puente sobre el río Rircay, sector Sulupali Grande, está inservible. La responsabilidad es del GAD del Azuay.
Las comunidades, netamente agrícolas, exigen un nuevo puente. Empero, técnica y económicamente sería imposible en el mismo lugar. Pasa factura la destrucción del cauce natural del río a causa de la explotación de áridos, actividad concesionada a empresas privadas. Ahora, su curso es recto. Ha destruido las riberas y el zigzag originales. Las pozas naturales, reguladoras del caudal, ya no existen.
El Gobierno, los GAD deben sumar esfuerzos y presupuestos para enfrentar la emergencia, comenzado por repensar lo que están autorizando hacer en los ríos; tampoco en organizar fiestas, más bien en obras útiles y duraderas.
