Diversos sectores ciudadanos, políticos y constitucionalistas, han expresado preocupaciones y críticas frente a la recién aprobada “LEY DE INTELIGENCIA”; pues, si bien frente a gran inseguridad que vive el país, es necesario actualizar y fortalecer mecanismos para luchar contra ella, como la “inteligencia; empero, ciertos términos que constan en dicha Ley, a más de ser inconstitucionales, podrían conducir a una violación de derechos civiles como la libertad y la privacidad de las personas.
Así, por ejemplo, dicha Ley permite que, sin una autorización judicial, las personas o instituciones requeridas por el “Sistema Nacional de Inteligencia” tengan la obligación a dar información íntima o personal, que se puedan interceptar y examinar las comunicaciones, que se puedan acceder a las bases de datos de las personas. Permite, asimismo, que el Registro Civil pueda crear identidades falsas para los agentes de inteligencia; amén de que, también, ordena que los documentos sobre los gastos e informes de las operaciones sean posteriormente incinerados; dándose carta blanca para que el Director Nacional de inteligencia tenga amplios poderes, incluso “judiciales”.
Si cuestiones como las señaladas sirvieran exclusivamente para perseguir a la delincuencia y al crimen organizado no habría porque preocuparse; empero, la preocupación se daría porque potencialmente dichas cuestiones podrían usarse para espiar y perseguir a personas (políticos, dirigentes sociales, periodistas, etc.) críticas u opositoras al Gobierno; para lo cual incluso podrían crearse “falsos positivos”, que permitirían involucrar a estas personas con grupos delincuenciales organizados; amén de que todas las personas podrían estar sujetas a una permanente vigilancia y control sobre lo que dicen o hacen, esto es, a una constante afectación de su libertad.
En este escenario, tal como está aprobada la “Ley de inteligencia”, es muy probable que en Ecuador asistamos a la configuración de un régimen menos democrático y más de características totalitarias, e incluso autoritarias, sobre todo si consideramos que en la llamada “Ley de solidaridad”, también recién aprobada, constan cuestiones como allanamientos a domicilios o detenciones de personas sin una orden judicial previa. (O)
